La Junta de Andalucía se topa con un escollo inesperado en su apuesta por impulsar la construcción del tercer hospital de Málaga. Tal y como se anunció hace una semana, el Colegio de Arquitectos formalizó ayer un recurso judicial en el que reclama la suspensión cautelar del proceso de contratación de la redacción del anteproyecto de este equipamiento sanitario.

De acuerdo con la información aportada este martes por el colectivo profesional, en su contencioso se incide en la necesidad de que se acepte esta medida hasta que queden resueltas las alegaciones presentadas al procedimiento.

¿Qué lleva al Colegio de Arquitectos a actuar de este modo? Según la argumentación expuesta, se toma este camino ante el desacuerdo existente respecto a los baremos de puntuación recogidos en el pliego de condiciones que rige el concurso del anteproyecto del tercer hospital. Citando de manera literal lo recogido en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), se recuerda que en los contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad "deberán representar, al menos, el 51% de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas".

Un aspecto que, por lo que parece, no se recoge en el concurso vigente. De hecho, en el informe técnico realizado por el Colegio de Arquitectos se hace hincapié en que en el pliego de cláusulas administrativas particulares, los criterios relativos a la calidad ponderan un 48% del total de la puntuación asignable, mientras que el 52% se atribuye a la oferta económica y la reducción del plazo de ejecución. 

En este sentido, el colegio señala que conforme a la legislación vigente los criterios relacionados con la calidad han de referirse a la prestación del objeto del contrato, "de forma preponderante y determinante". "Ni la reducción del plazo en la redacción del anteproyecto, ni la oferta económica pueden considerarse en ningún caso criterios que redunden en una mayor calidad de la prestación del contrato", se incide en la nota informativa.

Anteriormente, el organismo colegial ya presentó el pasado mes de febrero un recurso administrativo contra este proceso de contratación que fue desestimado en octubre por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. Tras lo cual se presenta ahora este recurso ante el juzgado. 

La administración regional alegaba que los aspectos relacionados con la calidad han de ser considerados por la persona o personas redactoras del anteproyecto, lo que supone que su cualificación y experiencia afecta de manera significativa a una mejor redacción del mismo, y por ende, a poder reducir en su caso los plazos de redacción sin que necesariamente se vea mermado el producto final. 

El decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, Francisco Sarabia, ha señalado que "es cierto que la organización, cualificación y experiencia del personal es un criterio de calidad, pero es necesario que sea la calidad de dicho personal la que dé como resultado una mejor ejecución. Es decir, es la incidencia de la calidad del personal en la calidad del resultado –su mejor ejecución, no su más rápida ejecución– la que asegura cumplir el art. 145 de la LCSP" y ha recalcado que "un resultado más rápido no produce necesariamente un mejor resultado, sino que la mayoría de las veces ocurre lo contrario".

El responsable de los arquitectos malagueños ha incidido en que desde el Colegio de Arquitectos se pretende salvaguardar intereses públicos de la ciudad que toda institución tiene el deber de proteger. "La mejor realización de la arquitectura y el urbanismo, entendidas como funciones sociales de interés público", destaca.

La pasada semana el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, ya expresó la voluntad del Gobierno regional de abrir una vía de diálogo con el colegio para solventar las diferencias y permitir que el proceso de contratación avance. Sobre ello, Sarabia, en declaraciones a Málaga Hoy, se muestra dispuesto a entablar conversaciones sobre el particular.

No obstante, no parece que la solución sea sencilla, por cuanto el punto de partida inicial del ente es claro respecto a la necesidad de que se modifiquen las puntuaciones del concurso, lo que obligaría a la Junta a paralizar el procedimiento e iniciarlo de cero, con lo que ello supone de meses de retraso.