Un mes tardó Smassa desde que reconoce haber detectado las irregularidades administrativas en los contratos para las obras del aparcamiento de Pío Baroja en El Palo el 8 de febrero hasta que abrieron una investigación interna el 7 de marzo. Sin embargo, el comité de empresa tardó solo un día en pedirla, como consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. 

El 9 de febrero, ante el conocimiento de las mismas, el representante de los trabajadores, Manuel Lima, solicitó a la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Málaga (Smassa) que iniciasen las pesquisas. Quince días más tarde, y ante la falta de respuesta volvió a contactar con Smassa: "Tengo la sospecha de que los expedientes puedan ser cambiados o modificados". El 26 de febrero Smassa devolvió la copia de la comunicación con su correspondiente registro de entrada. 

Los expedientes a los que se refiere Lima en las distintas comunicaciones son los que ahora están bajo lupa por la presunta falsificación de firma y facturaciones previas a la contratación de técnicos. 

El mismo 7 de marzo, a las 9:33 de la mañana, Lima volvió a dirigirse al gerente de Smassa, Manuel Díaz Guirado, recordando las dos solicitudes anteriores de abrir pesquisas, anunciando que no había obtenido respuesta y advirtiendo: "Creo que los hechos son de una extrema gravedad y que no realizar una investigación de los mismos supondría un ejercicio de ocultación y poca transparencia". 

Ese mismo día a las 14:04 del mediodía recibía una respuesta de Díaz Guirado anunciando la apertura de un expediente de información reservada que llevarían dos personas, ninguna de ellas la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández. En la misma avisan de que esto no constituye sanción alguna y que su finalidad es "depurar responsabilidades en el caso de que las hubiera". 

Hernández aseguró este jueves que "está haciendo una investigación y tratando de corregir lo que no me gusta". Antes, había dicho que las irregularidades se dan por que se "hace mal de facto, por la costumbre".

En el Pleno del mes de abril, Lima tomó la palabra en una moción relacionada con estas irregularidades avisando de que Smassa sólo había "ralentizado" la investigación interna, por lo que apoyaba la creación de una comisión de investigación en el Ayuntamiento. El equipo de gobierno la rechazó haciendo valer su mayoría absoluta. 

También incidió en que desde que puso en conocimiento por primera vez la situación hasta que se abren las pesquisas internas, se han producido "modificaciones en los expedientes de eso que están investigando". Además, subrayó que la investigación de Smassa "no es de verdad" y que está afectada por la "injerencia" de su gerente: "Sólo con su presencia allí manejando los hilos se produce. Si quiere saber la verdad, aparte al gerente", avisó al alcalde, Francisco de la Torre. 

Obras de Pío Baroja

Las obras de cubrición de las pistas deportivas se finalizaron a finales de este pasado mes de enero. Las mismas tuvieron un coste de 1.546.867,36 euros (IVA no incluido). Fueron adjudicadas a una UTE encabezada por Ielco, la misma empresa que se encargó de los trabajos del aparcamiento que han sido cuestionados en diversas ocasiones. El total de la obra (cubrición y aparcamientos) se adjudicó por 8 millones de euros, pero terminó constando 11 millones de euros, un 30% más.

Díaz Guirado, en el juicio que está abierto por la denuncia de Rodríguez, negó irregularidades y presiones en relación con las obras del parking de Pío Baroja. "La obra de Pío Baroja no tiene ni una sola irregularidad que merezca un reproche penal, ni siquiera diría desde el punto de vista administrativo", incidió José Carlos Aguilera, su abogado, explicando que "nadie ha variado o intervenido" en las propuestas y el consejo de administración "lo hace bien y hace lo que le plantean la mesa" en este proceso de contratación.

Díaz Guirado fue concejal de Urbanismo entre  2007 y 2011. El ahora gerente de la empresa de aparcamientos fue imputado en el caso Piscina por un presunto delito de cohecho, aunque finalmente fue sobreseído. El ex edil utilizó durante 13 meses un vehículo que, según dijo, había comprado a uno de los adjudicatarios de la piscina de Puerto de la Torre, sin que el mismo estuviese oficial y formalmente a su nombre. Tráfico confirmó entonces que la transferencia no se formalizó hasta más de un año después. El alcalde dijo en el momento de su salida que "en política no sólo hay que ser honrado, también hay que parecerlo".