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Corrupción

Las ONG tratan de recomponerse de la sombra de la sospecha del Qatargate

Un furgón policial en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.

Un furgón policial en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. / STEPHANIE LECOCQ (Efe)

El escándalo de presuntos sobornos vinculados a Qatar para lograr influencia en Bruselas ha dejado una herida sangrante en la Eurocámara, pero golpea también al sector de la sociedad civil, que teme ahora que su labor se vea ensombrecida por las sospechas que se centran en las ONG en el centro de la trama, No Peace for Justice y Fight Impunity.

Las entidades bajo el paraguas de la organización Sociedad Civil Europa han lanzado la voz de alarma ante lo que tildan de "un intento de desequilibrar la balanza de responsabilidad desde las instituciones de la UE hacia la sociedad civil" y de "imponer normas desproporcionadas" a estas entidades, lo cual podría socavar su papel de vigilantes del Estado de derecho.

"Aunque no siempre de forma voluntaria, hay una tendencia a colocar cargas adicionales sobre las ONG y pasarles la culpa por motivos políticos", avisa a Efe la coordinadora de Sociedad Civil Europa Carlotta Besozzi, consciente de que "siempre habrá organizaciones que no trabajan por el bien público" pero preocupada por el impacto del escándalo en su trabajo cotidiano.

La primera vez que Besozzi oyó hablar de No Peace for Justice y Fight Impunity fue con las revelaciones del escándalo de influencias vinculado a Qatar, publicado por primera vez hace 12 días, pero las detenciones de sus directores fueron el catalizador para que la presidenta del Parlamento Europeo incluyera al conjunto de las ONG entre las entidades a las que se sopesa requerir más información sobre quién las financia o qué vínculos tienen con terceros países.

Y a las organizaciones les alerta especialmente un reciente intento de cambiar la resolución de la Eurocámara sobre el escándalo del Qatargate en forma de una enmienda del grupo de la ultraderecha Identidad y Democracia, que fue rechazada por un escaso margen pero que, a juicio de grupos como los Verdes, "muestra el peligro de caer en una retórica de mayor criminalización de las ONG".

La enmienda, que decayó por sólo 14 votos de diferencia, apunta a que en esta trama se han usado las ONG como "vectores de injerencia extranjera en el parlamentarismo europeo" y pide una revisión de las reglas actuales para ONG en su "gobernanza, presupuesto, lucha contra el blanqueo de capitales o influencia extranjera", para "aumentar su transparencia y rendición de cuentas".

Trabajadores consultados en estas organizaciones recuerdan, en este sentido, la norma de Hungría que en 2017 impuso obligaciones adicionales a las ONG que reciben financiación desde el extranjero, algunas de ellas muy críticas con las políticas del Gobierno nacionalista del primer ministro Viktor Orban.

El Tribunal de Justicia acabó tildando la legislación de contraria a la norma europea, al considerar que la distinción en el trato de la financiación extranjera frente a las aportaciones locales "no responde a ninguna diferencia objetiva" y puede disuadir a las personas que quieran donar desde fuera de Hungría.

"Seguimos teniendo un problema de transparencia en las instituciones. Aún hay problemas en cuanto a acceso de documentos, no todas las reuniones son públicas... Nuestra preocupación es que este escándalo hará los encuentros y procedimientos mucho más cerrados", advierte la coordinadora de Sociedad Civil Europa.

También le preocupa, añadió, que añadir demasiados requisitos nuevos limite las posibilidades de hacer su trabajo a las ONG más pequeñas, locales y no profesionalizadas.

Según un informe de septiembre de Corporate Europe Observatory, las ONG han casi duplicado su gasto en cabildeo desde 2015, hasta los 74 millones de euros, pero esta cifra sigue siendo un 40% inferior a la del lobby corporativo.

Además, la capacidad de acceso de las ONG a reuniones de alto nivel con la Comisión Europea palidece en comparación con la de los grupos de influencia corporativos, con casi el doble de encuentros para los 50 principales grupos corporativos (3.266 reuniones) que para el conjunto de las ONG (1.867 reuniones) desde diciembre de 2014.

En 2017, un estudio de la organización LobbyFacts.eu revelaba que las empresas y sus grupos de presión tienen un 60% más de lobbistas con pase de acceso al Parlamento Europeo que los de la sociedad civil, y otro informe de Corporate Europe, de 2014, cifró en más de 120 millones de euros anuales el coste de las acciones del lobby corporativo ante la UE, en aquella fecha 30 veces más que las ONG y sindicatos juntos.

Besozzi insiste, además, en que la incidencia de casos de blanqueo de capitales en las ONG es "anecdótica" comparada con la de otros sectores "con problemas mucho mayores y sistemáticos".

Igual que todos los demás grupos de influencia que quieren ejercer su labor ante las instituciones europeas, las ONG deben declarar ante el Registro de Transparencia la cantidad y fuente de subvenciones europeas que contribuyan a sus cuentas.

Además, los grupos que no representan intereses comerciales, entre los que se incluirían las ONG, tienen que aportar su presupuesto total del último año financiero ya cerrado, así como sus principales fuentes de financiación por categoría (pública, donaciones, aportaciones de miembros) y los nombres y cantidades de las contribuciones presupuestarias que superan ciertos márgenes.

Desde Sociedad Civil Europa, Besozzi añade que también se les requiere indicar qué porcentaje de su labor en Bruselas implica lobby ante las instituciones frente a otros aspectos de su trabajo, un requisito que consideran "poco claro".

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