Provincia de Cádiz

Prisión sin fianza para uno de los dos imputados por el desfalco en La Isla

  • El funcionario de Hacienda Clemente Ruiz ingresó ayer en la prisión de Puerto II tras prestar declaración acusado de malversación de fondos y falsedad documental · La otra imputada, María José Lebrero, también citada, continúa en libertad con cargos

Siete meses y cuatro días han pasado desde que el Ayuntamiento isleño pusiera una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional acusando a dos funcionarios de la Delegación de Hacienda de la desaparición de 468.723 euros de la Caja Municipal, una cifra que el alcalde isleño, Manuel de Bernardo, amplió posteriormente hasta los 7,8 millones de euros. Siete meses y cuatro días han hecho falta para que la investigación, que comenzó esa misma jornada del 1 de abril, concluyera en la detención de uno de estos dos funcionarios. El juzgado de instrucción número dos de San Fernando decretaba ayer prisión provisional comunicada y sin fianza para Clemente Ruiz García tras tomarle declaración durante el espacio de diez minutos. La citación se había producido, explicaba minutos después su abogado, Ignacio Quintana, por haber riesgo de fuga y posibilidad de destrucción documental. Tres son los delitos que se le imputan: malversación de caudales públicos, falsedad de documentos públicos y falsedad de documentos mercantiles.

Junto a Clemente Ruiz también acudía en la mañana de ayer la segunda imputada, la funcionaria María José Lebrero de Celis, cuya declaración también fue breve, apenas el espacio de media hora. Para ella se ha mantenido la imputación que se decretó en un principio, libertad con cargos, la misma que hasta ahora había tenido Clemente. De esta manera, tomaban ayer cuerpo las sospechas que durante estos siete meses apuntaban con más fuerza en la dirección de él, dejando a María José más en un segundo plano.

En torno a las tres de la tarde, ambos funcionarios abandonaban las dependendencias judiciales tras haber dado su testimonio ante la jueza que instruye el caso, el fiscal, miembros de la Policía Judicial así como los respectivos abogados de los imputados, Ignacio Quintana y Juan Manuel Priego. Ambos lo hacían por la puerta trasera de los juzgados de la plaza de San José, pero, mientras una se dirigía a su domicilio, él era trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional. Por la puerta delantera, mientras tanto, salía la pareja del ya detenido, visiblemente consternada, acompañada del abogado de su marido, quien se detuvo unos instantes para atender a los medios de comunicación allí presentes. Sus declaraciones se centraron especialmente en la estupefacción de su cliente y la suya propia ante la detención. "Sigo creyendo que es literalmente imposible que mi defendido se haya llevado 1.300 millones de las antiguas pesetas él solito, eso no hay quien se lo crea", insistía. También dio matices sobre el estado anímico del detenido. "Está destrozado", concretaba.

Quintana denunció además su imposibilidad de acceder al sumario, sobre el que sigue decretado el secreto. "Tenemos las manos atadas, no podemos hacer absolutamente nada ni tomar ninguna medida, puesto que no tenemos la información sobre el caso", apuntaba al respecto. Según explicaba, su apertura sigue sin fecha inminente. "Hasta donde yo sé, va a permanecer cerrado unos días más", añadía. Al parecer, alegaba Quintana, la razón de esta tardanza se debe a que el dinero aún no ha aparecido, aunque no dio más pistas, "simplemente porque las desconozco". Lo cierto es que los motivos alegados para la detención de Clemente, a su juicio, no han quedado claros en absoluto.

Quintana se dirigía poco después a la Comisaría, donde acompañó a su cliente hasta aproximadamente las seis de la tarde, cuando éste fue recogido por un furgón blindado de la Guardia Civil para ser trasladado a la prisión de Puerto II. El traslado se producía también desde la puerta trasera de estas dependencias policiales, desde las que el funcionario salió cabizbajo cubriéndose el rostro con una mochila. Finalmente, tal como se ha apuntado en varias ocasiones en todo este tiempo, Clemente Ruiz había sido detenido, tras siete meses bajo sospecha, siete meses en los que además, según ha podido saber este periódico, había tenido que comparecer cada quince días en el juzgado en el control judicial.

Después de este giro en la investigación, la actualidad queda ahora pendiente de nuevos hechos, que pueden caminar en muchas direcciones. Ayer, de nuevo, todo volvían a ser conjeturas. Hay por una parte, una sospecha creciente de que el número de detenidos puede ampliarse, o el número de imputados, o simplemente la cifra de personas llamadas a declarar. También queda en el tintero la apertura del secreto de sumario con todas las posibles ramificaciones que pueden darse, un sumario que de seguro será extenso y complejo, y que profundizará en muchas de las cuestiones que, hoy por hoy, siguen en el aire. Porque la detención de Clemente Ruiz indica únicamente que existen pruebas suficientes que lo implican en la culpabilidad del caso, una culpa que puede ser o no en exclusiva. Se reabre de nuevo la herida de este desfalco, a la espera de respuestas que expliquen cómo puede desaparecer siquiera un céntimo de la Caja Municipal de un Ayuntamiento. Los próximos días, a buen seguro, arrojarán un poco de luz.

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