Los cuatro guardia civiles que sobrevivieron a la embestida de la narcolancha el pasado 9 de febrero en el puerto de Barbate declararon este viernes en calidad de testigos, uno de ellos por videoconferencia, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate. 

En un receso, uno de los abogados personados en la causa en representación de la Asociación de Víctimas de Delitos Especializados Adevi, Andrés Carreño, manifestó a preguntas de los medios que los agentes no pudieron reconocer a los autores del brutal ataque, dada las malas condiciones meteorológicas de esa noche. Asimismo, durante su declaración explicaron que los apuntaban con un puntero láser, lo que dificultaba aún más su visibilidad. Pese a ello, uno de los guardias civiles indicó que uno de los tripulantes portaba una prenda rojiza reflectante.

Asimismo, los agentes testificaron ante la jueza instructora que, a pesar de la gran velocidad a la que sucedieron los hechos, tres de las embestidas, dos muy graves y una tercera mortal, fueron emprendidas por la misma embarcación. 

La autoridad judicial, por otra parte, ha abierto diligencias a partir de una denuncia presentada por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (Augc) por un posible delito contra el derecho de los trabajadores por las condiciones en las que los agentes de la Guardia Civil tuvieron que abordar a las narcolanchas en el puerto de Barbate.

Durante esta jornada de declaraciones, se habló, sin que hayan trascendido más detalles al respecto, de la persona que dio la orden a los agentes para que acudieran al recinto portuario barbateño con una zódiac del equipo de actividades subacuáticas que medía unos 5 metros, un tamaño bastante inferior a la narcolancha de 14 metros y con 4 motores fueraborda que arrolló a los agentes.

De ahí que se hayan abierto unas diligencias paralelas a las que sigue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate (que investiga el asesinato de los agentes) para tratar de dilucidar las condiciones de trabajo en las que se produjo el operativo en el puerto de Barbate por parte del Instituto Armado.

La investigación paralela sobre las condiciones en las que se desarrolló el operativo policial fue expuesta por la propia jueza instructora a los abogados presentes en las testificales de este viernes, en las que también se hizo alusión expresa a los medios de los que dispusieron los agentes la noche de los hechos.

Algunas de las asociaciones ya personadas en el procedimiento por la muerte de los guardias civiles han confirmado a este medio que se personarán también como acusación en estas otras diligencias paralelas abiertas.

Esta pieza se sumaría a otra investigación paralela abierta por la filtración de información a los medios.

El abogado Manuel Manzaneque, que representa a uno de los seis encarcelados, censuró igualmente las condiciones de trabajo a las que se enfrentaron los guardias civiles la noche de los hechos: "Los mandaron a la muerte".

A las puertas del juzgado de Barbate donde han comparecido como testigos los cuatro agentes, este letrado calificó como "increíble" que los guardias civiles tuvieran que acudir el pasado 9 de febrero "en una lancha pequeña, sin un fusil, sin ningún tipo de mecanismo de protección".

Manzaneque fue especialmente crítico con este asunto, a pesar de que reconoció que se trata de algo "ajeno" a la defensa que ejerce en representación de uno de los seis detenidos.

"Hay una responsabilidad importante por parte de quien ordenara esa intervención", recalcó Manzaneque, quien avanzó que existen unas diligencias previas para investigar las condiciones de los guardias civiles por posible infracción de los derechos de los trabajadores.

"Estas declaraciones (las de hoy) no son la guerra de las defensas. Nuestra guerra ha acabado con el informe de la UCO", continuó este letrado, en referencia al nuevo informe de la Unidad Central Operativa que descarta la participación de los seis encarcelados por la muerte de dos guardias civiles.

Preguntado sobre la petición de libertad solicitada por todas las defensas a raíz de este giro en la investigación, señaló que "duda mucho" que la Fiscalía vaya a "dar su brazo a torcer".

"Aquí nadie va a la cárcel simplemente por ir encima de una embarcación de alta velocidad", insistió el abogado, que valoró que, al tratarse de un caso "mediático", el Ministerio Fiscal va a intentar mantener a los acusados "el mayor tiempo posible", por lo que tendrá que ser la Audiencia de Cádiz la que finalmente se pronuncie.

Por su parte, Jorge Piedrafita, abogado de la acusación popular ejercida por Adive, subrayó que de las declaraciones de los agentes "ha quedado claro que hubo complicidad entre varias de las lanchas en el puerto de Barbate con maniobras intimidatorias, hasta que una fue a por los agentes con el ánimo de eliminarlos".

En su opinión, "se ha ilustrado que existe la participación de varias lanchas en los hechos, entre las que se puede encontrar la de Kiko 'El Cabra', aunque no fuera la que acometiera directamente, así como la falta de medios y dotación a los agentes a los que se les dio la orden de salir, pese haber superado la jornada laboral, en una barca pequeña y sin sus armas largas por parte del Sargento y Capitán del GAR, hechos muy preocupantes por lo que sin perjuicio de los graves delitos objeto de la instrucción penal, se reclamará que se investiguen para depurar las responsabilidades oportunas a los mandos de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior".

Numerosos medios de comunicación se agolparon a las puertas de la sede judicial desde primera hora de la mañana a la espera de la llegada de los agentes, así como de un guardia jurado del puerto de Sotogrande donde incautaron la narcolancha (citado también como testigo).

Ese vigilante dijo en su declaración que los tres detenidos en la localidad campogibraltareña no opusieron resistencia alguna a su detención, por lo que podría descartarse el delito de atentado a la autoridad.

Antes de la toma de testificales, los abogados defensores de los seis investigados volvieron a insistir en su puesta en libertad, toda vez que la Guardia Civil ha concluido en un informe que la embarcación que arrolló a la zódiac del Instituto Armado esa noche no era la que pilotaba Kiko 'El Cabra'. La Fiscalía, por su parte, considera que deben permanecer en la cárcel por los delitos de contrabando y pertenencia a organización criminal.