Centro Lorca: el día de la marmota

"Mi objetivo es que el legado de Lorca llegue antes de final de año". Era la gran aspiración del alcalde de Granada, Paco Cuenca, a comienzos de septiembre. Hasta Laura García-Lorca, en noviembre, señalaba que se podría llegar a un acuerdo antes de que expirase 2016. Al final, la famosa cámara acorazada del Centro Lorca que iba a acoger los más de 5.000 documentos del poeta sigue acumulando telarañas y acaba otro año en el que el centro de La Romanilla sigue sumando titulares y páginas de periódico en lo que ya es uno de los grandes fraudes en la historia de la ciudad, con 3,8 millones de dinero público sin justificar, según el resultado de la auditoría que se dio a conocer el pasado mes.

La Fundación que preside la sobrina del poeta sigue con su postura de don Tancredo y, aunque desde las tramoyas de la negociación se asegura que los contactos son permanentes, la situación apenas ha variado desde que se inauguró el flamante edificio en julio de 2015.

Antes de dimitir por la 'explosión' del caso Nazarí, el exalcalde de Granada José Torres Hurtado había llegado a un punto de no retorno con la Fundación Lorca y parecía encaminado a tomar la vía judicial después de diversas reuniones que siempre acababan con buenas palabras pero con ningún compromiso en firme. De hecho, 2015 acabó con un ultimátum a la Fundación porque el Ministerio de Cultura tenía que devolver 4 millones de euros de los fondos noruegos que sirvieron para equipar el edificio si el legado no estaba en Granada antes del 31 de enero. Y no llegó ni un documento, por lo que aún es posible que Noruega reclame este dinero.

Con la llegada de Paco Cuenca a la alcaldía se abrió un nuevo tiempo de negociación. De hecho, una de sus primeras fotos como regidor fue con Laura García-Lorca en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde el legado permanece sine die.

El panorama parecía comenzar a despejarse con el acuerdo entre la Fundación Lorca y Caixabank, entidad a la que la institución que preside la sobrina del poeta debía 4 millones de euros de un crédito impagado. Firmaron un acuerdo del que no ha trascendido la letra pequeña, pero que significaba que la entidad financiera 'perdonaba' la deuda a través de un acuerdo de colaboración y una presencia "somera" en el Centro Lorca.

Mientras, el muñidor del millonario fraude durante la construcción del edificio, Juan Tomás Martín, exsecretario de la Fundación Lorca, declaraba en los Juzgados de Plaza de Castilla para señalarse como único responsable del millonario agujero económico, tras la denuncia que presentó Laura García-Lorca en el verano de 2015 por falsedad y apropiación indebida.

Desde que estalló el escándalo, las instituciones se encomendaron a una cacareada auditoría que nunca acababa de llegar. Finalmente se conocieron los detalles del informe en octubre que cifraba en 3,8 millones el dinero que se 'extravío' durante la construcción del edificio de La Romanilla. En total se recibieron 21,4 millones de ayudas públicas, de los que sólo se han conseguido justificar 17,6. En la lista de acreedores hace cola Ferrovial, la empresa que llevó a cabo la construcción del edificio y a la que se le adeudan aún 1,5 millones por la ejecución de la obra civil y 330.000 euros por la integración de la churrería en el proyecto final. En total, Ferrovial facturó 14,2 millones, de los que ha cobrado 12,3. El estudio de arquitectura Mexican and Slovenian Architects, responsable del proyecto, también tiene pendiente de pago una cifra que ronda los 190.000 euros, mientras que a Antonio Navarro se le adeudan 183.000 euros de los 480.000 que facturó por la dirección y control de la obra. Por su parte, la empresa Coteba-Argos emitió 996.000 euros, de los que todavía no ha cobrado más de 211.000.

Las instituciones que conforman el Consorcio del Centro Lorca han defendido hasta la extenuación que no existe ningún agujero económico al margen del que tiene la Fundación Lorca por los cerca de 3,8 millones de euros sin justificar en la construcción del edificio de la Romanilla. Sin embargo, según fuentes oficiales del Ministerio de Cultura consultadas por este periódico, deben al Estado 1,7 millones de euros más intereses de demora. Y este expediente de reintegro, que ya es firme, está destinado al propio Consorcio del Centro Lorca, con lo que el Ministerio de Cultura, Junta de Andalucía, Ayuntamiento y la Diputación tendrán que afrontar esta cantidad que reclama la Agencia Tributaria.

Ante estos datos, siguiendo los consejos de la Abogacía del Estado, el Consorcio del Centro Lorca mantuvo una reunión cuyo orden del día era liquidar la encomienda de gestión del Centro Lorca a la Fundación. Pero, según el convenio firmado en 2007 entre la institución que preside Laura García-Lorca y las administraciones, el Consorcio asumía la obligación de subrogarse a todos los contratos firmados por la Fundación para la construcción del centro. "La liquidación de la encomienda debe ser el paso previo para la ulterior subrogación del Consorcio en aquellos contratos que se hubieran suscrito por la Fundación y respecto a los cuales existen cantidades pendientes de pago", según detalla el informe. Así que son las administraciones las que tienen un agujero en sus cuentas y las que tendrían que reclamar judicialmente a la Fundación este dinero. Este paso ha quedado en suspenso tras la última reunión del Consorcio del 11 de noviembre, donde se decidió dar más margen a la Fundación Lorca para aclarar de una vez las cuentas. El próximo capítulo se escribirá en 2017 y ahora se fija como junio la fecha probable para que regrese el legado coincidiendo con el cumpleaños del poeta.