El Archivo Histórico Provincial está realizando una importante tarea para divulgar tanto su labor como sus fondos entre el gran público a través de todo tipo de actividades culturales, mesas redondas y presentaciones de libros digitales que se retransmiten a partir de streaming y se cuelgan en su canal de Youtube. También realizan una labor constante de investigación de los fondos custodiados, aunque no siempre es fácil que la trascendencia de este trabajo llegue a la ciudadanía. La delicadeza de los propios documentos hace que sean de difícil acceso para aquellos que no son especialistas, y lo mismo ocurre con su contenido. Pero un sólo pergamino encerrar datos trascendentales para entender la organización de la Granada del XVI, incluso urbanística, económica... El último de estos estudios realizado por la propia directora del Archivo, Eva Martín, es la responsable de un estudio que revela el sistema que hizo posible que durante mucho tiempo algunos privilegiados pudieran vivir de las rentas. Eran los tiempos en los que trabajar estaba mal visto. 

El origen 

"Durante el proceso de descripción de los fondos, es frecuente encontrar dentro de expedientes o procesos judiciales, documentos de fechas muy anteriores aportados como pruebas. En esta ocasión dedicamos la sección Documentos del Archivo, a un reciente hallazgo de este tipo, encontrado en la serie documental de Censos, perteneciente a la Administración General de Propiedades y Derechos del Estado", explica la investigadora sobre el germen del estudio. 

El documento en cuestión es "una Carta de reconocimiento de un censo perpetuo de 1.100 maravedies y dos gallinas, impuesto sobre una casa con dos tiendas en la calle de los Mesones, a favor de la fábrica de la Iglesia de San José". Esa especie de contrato de alquiler de la explotación situada en un inmueble religioso está escrito es un pergamino y fechado en 31 de diciembre de 1520. "La carta fue presentada como prueba en un pleito ejecutivo de 1727, por el impago de dicho censo al Convento de la Encarnación, su último poseedor", señala sobre la vía de trasmisión hasta el presente. "Finalmente, como consecuencia de los avatares institucionales y las transformaciones políticas y jurídico administrativas que se produjeron a lo largo del tiempo, pasó a formar parte de la serie y el fondo documental en el que ha sido hallada".

El pergamino de 1520.

Contexto

La Administración General de Propiedades y Derechos del Estado "la conforman los documentos procedentes de las desamortizaciones civiles y ecleiásticas del siglo XIX". "Constituyen el reflejo documental del conjunto de las actuaciones llevadas a cabo por la Administración para que los bienes de "manos muertas" pasasen mediante subasta pública, a la condición de libres y utilizar el producto de sus ventas para amortizar la deuda publica". O lo que es lo mismo, fue un expediente de desamortización como nos ha llegado la Carta de reconocimiento de censo de la Fábrica de la Iglesia de San José.    

"De entre todo el patrimonio que pasó al Estado, destacaron los censos por el papel esencial que jugaron en la economía del Antiguo Régimen. Atendiendo a su volumen, llegaron a significar casi un 50% de las haciendas del reino. Eran rentas periódicas que se pagaban a cambio de un bien productivo y junto con los arrendamientos, constituían una de las principales modalidades de cesión de la tierra", explica Martín en su investigación, en la que detalla que hay dos tipos fundamentales de censo fueron el perpetuo y el consignativo.

Este último consistía en el préstamo de un capital, de cuya devolución el bien inmueble era la garantía. "El perpetuo consistía en la transferencia del dominio útil de un bien inmueble a un censatario, a cambio de un capital fijo, mientras que el censualista se reservaba el dominio directo. Su objeto era rentabilizar las propiedades sin tener que ocuparse directamente de ellas y asegurarse una renta anual, sin depender de los riesgos de los ciclos agrícolas".

"Vivir de las rentas"

La investigadora aporta numerosa bibliografía en la que se señala la importancia de estos censos como pilares de la estructura económica castellana. Y más peso tiene aún en el campo de la Sociología, pues Martín defiende que "se les considera responsables del origen de un modo de vida en el que el desprecio por el trabajo, frente a la aspiración a "vivir de las rentas", constituía un auténtico valor que ha perdurado en el tiempo".

"Entre los grandes propietarios de inmuebles, la Iglesia fue la principal censualista (prestamista). Diferentes estudios realizados utilizando como fuente el Catastro del marqués de la Ensenada, han concluido que la institución llegó a percibir el 73% de todas las rentas en materia de censos. Su predominio en la utilización de este sistema le permitía obtener rentas seguras, a la vez que mantener una estructura socio económica que le beneficiaba ampliamente. También la Corona, a través de la renta de población, tuvo una importante presencia en estas cesiones, aunque por su parte, el mayor número de censos de población fueron consignados en los pueblos donde la población morisca era más elevada", informa la directora del Archivo Histórico.

Importancia

Estos Censos o Expedientes de censos tienen un gran valor para los investigadores como subraya Martín porque "ofrecen una riqueza informativa y un valor para la investigación, excepcionales pues ofrecen datos "para conocer el desarrollo urbanístico de las ciudades, la localización de los oficios, la composición socio profesional de sus habitantes, la ubicación de las diferentes zonas económicas y residenciales, las comerciales, rurales, industriales".  "El documento seleccionado constituye la primera de una serie de escrituras de reconocimiento, de traspaso de un censo perpetuo de 1100 maravedíes y dos gallinas, impuesto sobre la fábrica de la Iglesia de San José, en Juan Galán Espadero, vecino de Granada, por 18 ducados de oro, que desde 1520 se fue sucediendo hasta 1786. No está el contrato original, pero su huella documental, fruto de la actuación de la administración de hacienda sobre los bienes desamortizados, ha quedado recogida en el expediente de censos del Convento de la Encarnación de Granada", puntualiza. 

Algunos beneficios

Aunque no todo es tan negativo como podría pensarse. "La prohibición expresa de la usura por el catolicismo constituía el principal obstáculo para la adopción de estos contratos, beneficiosos según algunos estudios, para las dos partes implicadas. Para los propietarios porque eran fuente de un doble beneficio: poner en producción bienes que, en caso contrario quedarían baldíos y asegurar sus rentas sin negociar constantemente. A los censatarios por su parte, se les aseguraba una situación de estabilidad, con trabajo y recursos disponibles. La imposición de intereses muy bajos salvó esa dificultad", cuenta la investigadora. Un sistema económico que aseguraba a algunos "una cierta estabilidad, aunque la prohibición de la usura no siempre se cumplió". Y en paralelo permitió que en entre los propietarios floreciera la idea de que "trabajar era de pobres". Una creencia que que ni el nuevo sistema económico liberal logró segar.