"Págame mi actuación y no me cuentes tu vida"

Hace un par de días el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Granada acordó embargar las cuentas corrientes, de ahorro y depósitos bancarios del Ayuntamiento de Monachil por el impago del concierto que el grupo La Guardia ofreció en la localidad el 20 de mayo de 2010. La decisión fue noticia no por lo insólito del caso -ya que cualquier grupo y compañía de teatro de este país sabe lo complicado que es que una institución pública pague al instante su caché-, sino porque se ha sentado un precedente y un hecho tan común como éste ha pasado a formar parte de un procedimiento legal.

Épocas de cambio de gobierno en los ayuntamientos municipales como la que ha tenido lugar este año suelen ser un polvorín para el florecimiento de casos en los que los músicos están injustamente llamados a tocar casi por amor al arte. Contrataciones hechas por el equipo de gobierno saliente y que el nuevo no está dispuesto a asumir y continuos 'tiras y aflojas' entre unos y otros responsables desembocan desgraciadamente en el perjuicio del artista, que sólo con suerte deja su mala experiencia en un retraso del cobro de su actuación que puede llegar a prolongarse incluso varios años.

David Camacho, manager de La Guardia, reconoce que sólo se han enfrentado en esta ocasión a un problema de impago. Según explica, el problema consistió en que el ayuntamiento no disponía del dinero que se había fijado como caché del grupo por contrato y en que los responsables que debían entregarles el talón se marcharon incluso mucho antes de que terminase el concierto. Situaciones como ésta llegan a convertir en ocasiones a los músicos en auténticos 'cobradores del frac' y en protagonistas de escenas surrealistas como la que cuenta Paco Luque, guitarrista de Hora Zulú, que recuerda una noche mientras 'militaba' en las filas de Lagartija Nick en la que la banda al completo tuvo que ir a "levantar de la cama a un concejal" para poder cobrar.

Uno de los casos más noticiosos este año ha sido el del Festival Viña Rock, ya que el Ayuntamiento de Villarrobledo aún no ha hecho frente al pago de ninguno de los grupos de su cartel ni del equipo técnico. Los granadinos Eskorzo son uno de los grupos afectados y lamentan, según afirma su bajista, José Gustavo Cabrerizo, "una decisión que puede poner incluso en peligro la celebración de una nueva edición del festival".

El cantaor granadino Juan Pinilla conoce de primera mano que el mundo del flamenco tampoco se salva de las artimañas de algunas administraciones para pagar tarde, mal y nunca. Actualmente hay más de cinco ayuntamientos que le deben su caché desde hace más de dos años, le han perdido numerosas facturas y un día a las puertas del Ayuntamiento de Algeciras llegó incluso a amenazar con ponerse en huelga de hambre con tal de que nadie volviese a ningunear lo que era suyo. Y es que lo grave del problema empeora, según él mismo narra, cuando los artistas "hacen las cosas bien" y dan de alta en la Seguridad Social a los músicos y técnicos que le acompañan y declaran a Hacienda el IVA de las facturas de sus actuaciones, ya que las deudas proliferan entonces tanto que se dan situaciones "extremas" para cualquier economía personal.

José Ignacio Lapido fue otro que tuvo que contar con los servicios de su abogado para reclamar lo suyo. Antes de las pasadas elecciones municipales firmó un contrato para actuar en las fiestas de Huelma (Jaén). Al parecer, su música no era muy del gusto del nuevo equipo de gobierno, que decidió no hacer ni caso de ese contrato con total validez legal y contratar por su cuenta y riesgo a Boikot y Efecto Mariposa. La ley le ha dado la razón y tocará en las nuevas fiestas de la localidad el próximo mes de mayo.

Pese a lo malo de la situación general, la única buena noticia es que Granada por el momento parece que se va salvando de estar en los puestos de las provincias peor situadas por impago a artistas. Tardan bastante, eso sí, tal y como corroboran José Antonio García, cantante Guerrero García, y Toni Anguiano, manager de Guadalupe Plata, pero acaban pagando lo acordado.

Parte de gran culpa de estos impagos la tienen también las contratistas, es decir, todas esas empresas intermediarias que se encargan de "inflar" los cachés de los artistas cuando un ayuntamiento o diputación los va a contratar y que luego se quedan con ese porcentaje, tal y como denuncia Paco Luque: "En cuanto hay agentes entre la institución y el artista empiezan los problemas. Al grupo le piden que se apriete el cinturón y a la institución le piden unos cachés desorbitados con la intención de lucrarse".

La situación ha puesto ya en alerta a los artistas, tanto que han empezado a tomar medidas para evitar que esas situaciones que deberían ser estrictamente puntuales se conviertan en su día a día. Muchas bandas cobran en la prueba de sonido del concierto y otras como Son de Nadie -que tuvo que estar tres años peleándose casi a diario con el Ayuntamiento de Almodóvar del Río (Córdoba) para cobrar 2.000 euros- ya siempre piden el 20% de su caché por adelantado. Que la música también es un trabajo.