Totalitarismo bienpensante

Afortunadamente, al final la organización del Festival Rototom Sunsplash, que se celebra cada verano en Benicasim, decidió rectificar y mantener en su cartel la presencia del músico Matisyahu. Pero la controversia provocada por la presión a la que fue sometido para que firmara una declaración que iba contra sus creencias político-religiosas y su eliminación del programa de un festival no solo musical, sino también muy político pues adopta posturas reivindicativas en ciertos aspectos de contenido político, ha sido no sólo una torpeza solo apenas corregida con la rectificación, sino el último síntoma de un proceso de infantilización y totalitarismo (muchas veces bienintencionado, otras no tanto) al que la sociedad se ha venido plegando en los últimos años en nombre de la corrección política. Digamos de una vez por todas que la libertad de expresión en general, y muy particularmente en el ámbito de la creación artística, debe ser total o no será. Defender que alguien pueda sostener ideas con las que estamos de acuerdo es un ejercicio de fatuidad; defender que alguien pueda sostener ideas que nos repugnan, ese debe ser el verdadero propósito y fundamento de la libertad de expresión. Y con más razón cuando existe financiación o soporte público de por medio, pues de otro modo se hipoteca la libertad creativa de todo aquello que sea apoyado, promovido o sostenido desde las instituciones.

La senda de condicionar la financiación pública de cualquier manifestación de carácter artístico, un festival, una exposición o una obra teatral, a la corrección política y su alineación con la corriente de pensamiento dominante desemboca indefectiblemente en el empobrecimiento del discurso, en primer lugar, en un recorte encubierto de la libertad creativa, en segundo, y finalmente en un dirigismo cultural incompatible con la pluralidad; acaba derivando en una suerte de soviet cultural castrado e incapaz de alterar el dogma político del status quo. Y eso es sencillamente totalitarismo antidemocrático. Lamentablemente son muchos y constantes los ejemplos que encontramos a nuestro alrededor de injerencia desde la política en el ámbito cultural. Partimos de una clase política acostumbrada a controlar sin demasiado miramiento multitud de organismos e instituciones (desde el poder judicial a los medios de comunicación públicos, convertidos en instrumentos de propaganda partidista), que ve natural inmiscuirse y en su caso prohibir manifestaciones culturales que consideran que van en contra de sus valores o de sus intereses.

Estos mismos días hemos visto como el grupo La Unión ha decidido cancelar su actuación en Tordesillas, una actuación contratada por un particular, ni siquiera por el Ayuntamiento, debido a la presión que han recibido por parte de los animalistas contrarios a la fiesta del Toro de la Vega. Personalmente me resulta repugnante la controvertida fiesta, pero siento idéntico rechazo hacia cualquier intento de imposición ideológica. Está muy bien la iniciativa de un grupo de artistas que se han ofrecido a actuar gratuitamente en la localidad vallisoletana a cambio de la suspensión de la fiesta, pero señalar y presionar a los que han decidido no acogerse a ella y en el ejercicio de su libertad no adoptan una postura beligerante con el Toro Alanceado, es un peligroso precedente tan totalitario como el de los que empezaron por ponerles una estrella de David en la solapa a cierto colectivo.

La Unión deben poder decidir sin presiones cuándo y dónde tocar del mismo modo que Matisyahu, equivalente hebreo del nombre 'Mateo' y nombre artístico adoptado por el norteamericano de nacionalidad y judío por creencia, que no israelí, Matthew Paul Miller, músico de rap y reggae que se considera a sí mismo un 'sionista radical', tiene todo el derecho a opinar que no debería existir el estado Palestino. Y con más ahínco defenderé ese derecho cuanto más en desacuerdo esté con esa idea. Como he defendido que los humoristas de Charlie Hebdo puedan crear viñetas que los ortodoxos judíos, católicos o musulmanes puedan considerar ofensivas para su religión, a las activistas de Pussy Riot, perseguidas hasta la humillación en la Rusia de Putin, o que un guionista metido en política pueda tuitear chistes racistas sin más reproche que el que se le pueda hacer intelectualmente, desde el raciocinio; nunca desde el código penal. Reclamo ese mismo derecho para Xavier García Albiol, declarado xenófobo del PP catalán, cuya postura solo debería ser reprochada desde el discurso articulado y desde las urnas; nunca desde la aplicación de una ley que penalice las ideas, por más equivocadas o aberrantes que nos parezcan.

No quiero terminar estas reflexiones sin mencionar otras muchas injerencias que desde la política se han hecho para prohibir actuaciones de grupos y artistas contestatarios, fundamentalmente por parte de la extrema derecha, para mí encarnada sin paliativos por el Partido Popular, para no llamar a equívocos, pues acabo de defender la misma postura que ha mantenido este partido junto a Ciudadanos en el caso Matisyahu. Me refiero a la cancelación que promovió Esperanza Aguirre en 2012, siendo Presidenta de la Comunidad de Madrid, del concierto que tenían que dar en Casarrubuelos Reincidentes, Porretas, Boikot y Yesca; o la del grupo Berri Txarrak en Rivas Vaciamadrid en 2006; a los casos en esa misma comunidad de 2013, cuando Ignacio González prohibió el Irreductible Fest, con grupos como Los Chikos del Maíz, Arma X, Habeas Corpus, Boikot o Non Servium, y que fue organizado para recaudar fondos para la defensa de los detenidos durante la huelga general del 14-N del año anterior; en mayo de ese mismo año el Ayuntamiento de Alcalá de Henares decidió suspender la actuación de Fermín Muguruza porque su propuesta suponía "una vulneración de los valores y normas de convivencia propugnados en nuestra Constitución". Más revuelo armó la lengua provocadora de Albert Plá hace dos años cuando declaró que le daba asco ser español y como consecuencia de ello vio como el PP pedía y el Ayuntamiento atendía la petición de cancelación de su actuación en Gijón. O el rapero Pablo Hásel, denunciado por el alcalde de Lérida en 2011 por enaltecimiento del terrorismo al ensalzar la figura de un miembro del Partido Comunista Revolucionario y finalmente condenado a dos años de prisión, que tuvo que ver tres años después como se cancelaba su actuación en esa misma ciudad.

Aunque de todos los grupos perseguidos por el pensamiento único, ninguno tan emblemático como los vitorianos Soziedad Alkohólika, a los que les declaró la guerra hace muchos años la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Su último episodio de censura lo vivieron hace apenas unos meses, cuando la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, entonces delegada del gobierno, solicitó a la fiscalía que suspendiera el concierto que tenía el grupo anunciado en Vistalegre para el 14 de marzo. Finalmente el Ayuntamiento madrileño, amparándose en una sentencia del Tribunal Supremo de 2007 dictada a raíz de una querella de la AVT contra la banda por contenido "humillante e indignante", canceló la actuación a pesar de que el Supremo la había desestimado. No era algo nuevo para S.A. que ha visto suspendidos sus conciertos en Salamanca, en Badajoz, Leganés o Granada, cuando también promovidas por la AVT presidida por Luis Portero, se movilizaron a las fuerzas vivas de la ciudad para que no celebraran su actuación. Otras veces es la influencia de la Iglesia Católica la que consigue que se suspendan los conciertos, como les pasó a Def Con Dos en Toledo el pasado abril, reviviendo otra similar en la misma ciudad de 2009 promovida por el arzobispado toledano. La lista sería interminable… Piperrak y Lehendakaris Muertos también fueron denunciados cuando iban a participar en el festival Extremúsika por la AVT en 2009, y ese mismo año también logró suspender un concierto en Pamplona del grupo Su Ta Gar. Al siguiente su objetivo fue el grupo de rap Los Chikos del Maíz, al que el periódico ABC calificó de "grupo de rap abertzale", a pesar de ser valencianos, y La Razón como "proetarras", para cancelar su actuación en Sevilla. En 2012, y aún siendo presidenta de la AVT Ángeles Pedraza, volvieron a tener que suspender un concierto en la misma ciudad, y en la primavera de 2014 les ocurrió lo mismo cuando iban a participar en el festival Cultura Inquieta de Getafe. El totalitarismo de los bienpensantes continúa…