Es esperanzador el encuentro organizado por la CEA sobre criterios medioambientales, responsabilidad social y buen gobierno (conocidos por sus siglas en inglés ESG). Estos conceptos los vi por primera vez aplicados a la empresa por mi colega de Universidad y presidente que fue de la CEM, Vicente García Martín, y han sido potenciados por el actual presidente de CEA, Javier González de Lara.

La lucha contra el cambio climático se acepta por conveniencia, por eficiencia, imagen de marca o publicidad, pero no me preocupa demasiado que se abuse y se quiera hacer pasar como amigables con el medioambiente cosas que no lo son, pues lo relevante ha sido la ruptura con el negacionismo climático. Además, en el reciente IFRS Sustainability Symposium en Montreal, 1.000 asistentes de 45 países han llegado a acuerdos sobre estándares contables internacionales, para que cada cual no valore su responsabilidad medioambiental como le parezca. Así, los bancos ya calculan los riesgos de sus carteras de crédito ante el cambio climático, y junto a fondos y seguros tienen mucha tarea, como se ha visto en el último Encuentro Finresp sobre finanzas sostenibles.

Lo anterior podría aplicarse a la G de gobernanza, pero el gran vacío está en la S, lo social, donde las empresas pueden incurrir en contradicciones, pues la responsabilidad social no se mide por acciones de beneficencia o patrocinios, sino por métricas sobre estructuras salariales, trato a clientes, y cómo influyen en el entorno ya sean los inconvenientes de una fábrica o el alboroto de un bar; la creación de empleo no entra en la S, pues es un factor de producción para obtener un beneficio, pero sí las condiciones de trabajo. Hay en la S cuestiones que surgen por diferencias entre empresas, y salario mínimo o impuestos, por ejemplo, afectan de manera desigual a sectores distintos. Además, los problemas de una empresa pueden venir de otras empresas; conocí las dificultades de un subsector de cerámica, que no venían de los trabajadores, impuestos, o legislación, sino de empresas que le suministraban la energía con márgenes desproporcionados; e igual ocurre con empresarios que sufren subidas de alquileres muy por encima de los costes de las empresas arrendadoras. Pese a todo, me ha sorprendido la afirmación de Christine Lagarde, dentro de una corriente conservadora que achaca parte de la inflación a los márgenes empresariales: "algunas empresas aprovechan los desequilibrios entre oferta y demanda -dice- para poner a prueba a los consumidores con aumentos de precios por encima de sus costes", y el Banco de España, advirtiendo que: "se ha observado un repunte de los márgenes empresariales, si bien con heterogeneidad entre sectores y empresas".

Nada de esto deslegitima la acción de las organizaciones empresariales en pro de los criterios ESG, pues dinamiza y abre nuevas reflexiones no ya sobre las relaciones de las empresas con los poderes públicos, los trabajadores, o los consumidores, sino entre ellas mismas. Algunas tienen bien marcados estos criterios en su gestión, y a otras se les podría aplicar lo que decía San Agustín: "Dios mío, dame la virtud de la castidad… pero no ahora", cambiando la palabra "castidad" por la S, de social.

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