El contexto económico previsto por el gobierno para la legislatura que comenzará en la segunda mitad del año es el de la actualización del programa de estabilidad 2023-2026. Contestado en alguno de sus pronósticos, pero más aceptado, en general, que otros ejercicios de previsión anteriores, contempla alcanzar el nivel de PIB previo a la pandemia en la segunda parte de este año y que en los próximos cuatro se consiga un crecimiento real acumulado superior a los 8 puntos porcentuales. Se cuenta con el apoyo de los fondos europeos de ayuda a la recuperación de los efectos de la pandemia, con la reducción de los tipos de interés a corto desde el 3,3% actual al 2,5% en 2025 y con la moderación de los precios del petróleo y del gas. También contempla un crecimiento de la ocupación ligeramente superior al del PIB, que reducirá la tasa de desempleo por debajo del 10% en 2026.

Tras la elevar Bruselas su previsión de crecimiento en 2023 hasta 1,9% y mantener en 2% la de 2024, los expertos se han visto obligados a corregir sus pronósticos y aceptar como razonable, aunque con matices, la estimación del gobierno para los próximos años. Airef comparte la opinión, pero discrepa sobre la reducción gradual del déficit que espera el gobierno y espera que se estabilice en torno al 3%. También considera probable que la ratio deuda pública/PIB se reduzca 5,9 puntos hasta 2026, gracias a que la inflación disparará el PIB nominal, pero con un repunte posterior que sitúa a las finanzas públicas en situación muy delicada a largo plazo.

Para intuir como puede cambiar el panorama de los próximos tres años en función de quien gobierne, observemos un matiz importante del crecimiento en los tres anteriores. Según contabilidad nacional, entre 2019 y 2022 el PIB nominal aumentó en 100.000 millones de euros (8,05%), el consumo de los hogares en 35.000 millones (5,05%) y el del sector público en 47.000 (20,03%). Parece evidente que el gran impulsor del crecimiento ha sido el gasto público, que de un total de 526.600 millones de euros en 2019 (42,3% del PIB), pasó a 634.300 en 2022 (47,8% del PIB).

La pandemia ha obligado a un esfuerzo financiero sin precedentes. Cuantiosas ayudas a empresas y familias y bajada de unos impuestos que han podido financiarse con la subida o creación de otros (banca o tecnológicas) y de las cotizaciones sociales, pero sobre todo gracias a la inflación y a la negativa del gobierno a deflactar tarifas. El problema es que cuando el crecimiento se financia con inflación, la desigualdad suele disparase porque sus perversos efectos se ceban sobre los más vulnerables.

Para el actual gobierno la clave está en el fuerte crecimiento nominal esperado y en el mantenimiento del ritmo de ingresos fiscales derivados del mismo. Es probable que un Gobierno del Partido Popular mantenga el grueso de las previsiones del programa de estabilidad, salvo en lo que se refiere al protagonismo del gasto público en el crecimiento y a la presión fiscal. Menos impuestos y gasto público y más consumo de las familias, pero en ambos casos sin dejar de anclar las perspectivas de las finanzas públicas y del empleo en un intenso ritmo de crecimiento.