La deuda histórica de las conexiones energéticas

Llegada la democracia a España, los responsables de la política energética, después de racionalizar el sector y de incorporar al país a la entonces Comunidad Económica Europea, advirtieron del aislamiento que sufría (y por extensión, de Portugal) de las redes europeas. Ante eso, los dos países reclamaron la necesaria conexión de la Península Ibérica, lo que exigía invertir en conexiones a través de los Pirineos o submarinas. Las autoridades de Bruselas, comprensivas, prometieron que lo arreglarían. Pero una cosa eran las palabras y otras los hechos. Las promesas se repitieron cada vez que ha habido algún problema de suministro. Ocurrió con el mercado del gas ruso por la guerra de Ucrania y, en España, con el apagón del pasado abril, que puso en evidencia que apenas se había rebasado la tercera parte del compromiso de la Comisión Europea de lograr una interconexión del 15% en 2030.

El hecho cierto es que un mercado vital para el desarrollo económico del continente sigue sin alcanzar la integración plena y que España y Portugal lo sufren especialmente. Ahora, parece que el asunto vuelve a tomar cuerpo y que la Comisión Europea quiere arreglarlo con un nuevo programa de conexiones que acabe con el problema. El Gobierno comunitario ha diseñado un ambicioso programa con ocho corredores energéticos, de los que dos (uno, eléctrico, que mejore la conexión de alta tensión, y otro, de hidrógeno verde) pasan por España. Según las previsiones, supone una inversión de 1,2 billones de euros y permitiría ahorrar 560.000 millones.

España ha atribuido el fracaso de los intentos hasta la fecha a la resistencia de Francia y, pese a que se han hecho varios enlaces, al Gobierno de París no parece preocuparle este asunto, como lo demuestra que no contempla nuevos enlaces transfronterizos en sus planes. Se supone que, en este nuevo esfuerzo, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, la española Teresa Ribera, y el comisario de Energía, el danés Dan Jørgensen, han hecho sus deberes ante todos los gobiernos, incluido el francés. Su arreglo supondría acabar, por fin, con una deuda histórica.