Salud sin fronteras
José Martínez Olmos
Sanidad e impuestos
Este verano, coincidiendo con el periodo vacacional por excelencia, numerosos centros y servicios sanitarios cerrarán o bajarán de manera relevante su actividad asistencial ante la dificultad de poder cubrir las ausencias por las vacaciones de todos aquellos profesionales sanitarios que van a disfrutar las mismas, especialmente en julio, agosto y primera quincena de septiembre.
Con mayor o menor intensidad, parece ser una circunstancia común en nuestro Sistema Nacional de Salud y afecta tanto a los servicios de atención primaria, como a numerosas unidades diagnósticas, plantas de hospitalización y quirófanos hospitalarios. Es una situación que se repite con demasiada frecuencia aunque (al parecer) este año puede ser cualitativamente diferente.
Probablemente esté llegando el momento de replantearse si no está siendo ya obsoleto nuestro modelo de vacaciones estivales de los profesionales sanitarios que, en general, concentra la mayor parte del período de disfrute en los meses citados haciendo difícilmente compatible una oferta suficiente para las demandas de la ciudadanía, incluso en aquellas localidades que incrementan la población de manera explosiva (como sucede en zonas costeras y otras de atractivo turístico). ¿Tiene sentido el actual modelo de vacaciones estivales ante una situación de altísima demanda que incrementa las necesidades, si no se pueden sustituir adecuadamente a los profesionales de vacaciones?, ¿Es aceptable correr riesgos de pérdida de calidad asistencial que eventualmente puedan tener repercusión en la salud de los pacientes que necesiten asistencia sanitaria? o ¿puede afectar al atractivo turístico de España en los turistas extranjeros si perciben deterioro de la calidad asistencial? La respuesta a estas preguntas, que me consta se hacen muchos pacientes y profesionales, debiera abrir un debate que permitiera hacernos conscientes de si no se está llegado a una situación preocupante; quizás no se debería aceptar como algo normal o inevitable tener que cerrar en verano servicios o disminuir seriamente su actividad e, incluso, no reforzar de manera suficiente aquellos de ciudades que se sabe con precisión que van a recibir una avalancha de turistas.
Si estamos en una situación de emergencia (y yo me temo que si), quizás se deben adoptar soluciones de emergencia y abrir una negociación con las partes afectadas (sindicatos, organizaciones profesionales e incluso organizaciones de pacientes), para ofrecer soluciones que no comprometan la calidad asistencial.
Por otra parte, es evidente que se puede y se debe hacer un mayor esfuerzo presupuestario para dotar adecuadamente las plantillas estructurales que necesita el sistema pero, el crecimiento continuo de la demanda asistencial en una población con mayor tasa de envejecimiento y cronicidad, puede llevar a nuestra sanidad a un gran deterioro si no se ponen luces largas y se cambia el modelo organizativo de la sanidad en general (algo que he abordado en reiteradas ocasiones en esta Tribuna), pero también el modelo actual imperante en la organización de las vacaciones de verano de nuestros profesionales.
Soy consciente se trata de un asunto que no es fácil y que ello puede generar polémica, pero conviene reflexionar seriamente sobre la situación, abordar las preguntas señaladas y otras similares, contestarlas y, si es necesario, negociar los cambios estructurales y las compensaciones que sean precisas. Se hace necesario remangarse y gobernar.
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