Bajo el lema Canarias tiene un límite, ayer 60.000 personas se manifestaron en las siete islas contra un “turismo depredador” que provoca graves problemas sociales, laborales, ambientales y residenciales. Reclamaban una tasa turística, regular el acceso a la vivienda y limitar la afluencia de viajeros. En Andalucía no estaría mal debatir y consultar sobre estas cosas. En Suiza, convocar referendos es una tradición con más de dos siglos, importada de la revolución francesa. En EE UU los estados aprovechan las elecciones legislativas para consultar sobre uso recreativo de la marihuana, posesión de armas, impuestos o aborto.

Aquí somos más lúdicos. El alcalde de Sevilla ha convocado un referéndum sobre la duración de la Feria de Abril. Ya lo hizo Juan Espadas en 2016 para cambiar el formato tradicional de lunes a domingo por otro de sábado a sábado; una fiesta a la malagueña, dicho sea sin ánimo de señalar. Aunque dirigentes de su propio partido piensan que la convocatoria de José Luis Sanz es innecesaria, que lo han elegido para que tome decisiones.

Estos refrendos populares suponen riesgos de manipulación, de establecer prejuicios en lugar de formar opiniones, de obviar los intereses de las minorías y de escasa participación. Pero el segundo Estatuto andaluz lo votó el 36% del censo en 2007. En Cuevas del Campo, municipio granadino de la comarca de Baza, hace un mes aprobaron el cambio de fecha de sus fiestas con participación muy superior, del 43,4%. Hay quien añade otros asuntos sobre los que consultar al público. Por ejemplo, el ruido creciente que sale de las casetas. Los amplificadores deberían tener limitada su capacidad de hacer daño al prójimo.

En Málaga hay un referéndum que se reclama sobre la construcción de un edificio singular. El Ayuntamiento y el Puerto andan empeñados en una torre para hotel en el nuevo espigón de la dársena. Sin ánimo de señalar, es una torre Pelli; aunque en vez de 180 metros y 40 pisos en La Cartuja de Sevilla, tendría 117 metros y 27 plantas en medio del Mediterráneo. El asunto es polémico, por la ubicación y el diseño vulgar. Y hay una contestación popular que exige consultar a la ciudadanía, pero las autoridades municipales se resisten.

Otros alcaldes han utilizado consultas para intentar contravenir leyes urbanísticas. Benavides, alcalde discontinuo de Almuñécar durante 20 años, con socialistas o andalucistas, convocó un referéndum en 2009 para sortear las normas proteccionistas de la Junta y promover macrocomplejos residenciales con campos de golf. La llegada masiva de viajeros era entonces el futuro y el progreso; ahora tenemos “turismo depredador”. Y los alcaldes, partidarios o no de los refrendos locales, quieren una tasa turística. El Gobierno de Moreno no está por la labor. Pero Andalucía tiene un límite, como Canarias.