Desmedidos precios, también en política

El ilustre y sabio filósofo español –casi olvidado, por cierto, en nuestros días– José Ortega y Gasset, dejó escrito en su obra La rebelión de las masas que “la salud de las democracias, cualquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mismo detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás –terminaba la reflexión– es secundario”. Nuestro sistema democrático actual, a punto de cumplir cuarenta y cinco años, adolece de las mismas imperfecciones con que fuera promulgado al inicio de aquella etapa que se ha dado en denominar Transición y que sobradamente acabada, debería de haber avanzado en aras a conseguir una mayor justicia participativa, mediante la modificación de la vigente ley electoral, cuyo texto consolidado se contiene en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que concede evidentes privilegios que vienen a abonar injustas diferencias entre los distintos territorios del Estado Español y que concede, por ello, auténticas regalías que contradicen el espíritu constitucional de igualdad ante la ley de todos los españoles.

Pero está claro que hay que arar con los bueyes que se tienen, parafraseando el viejo refrán castellano. Y estos bueyes nos llevan a situaciones tan decepcionantes para muchos como es el caso de que quien consigue la confianza mayoritaria de los electores, se puede quedar sin gobernar, por mor del mercadeo que se lleva a cabo en los despachos, una vez guardadas las urnas, de forma y manera que partidos políticos con representación pírrica, retuercen la voluntad de las mayorías hasta que se les concedan, a cambio de sus votos para investir a un presidente del Gobierno, sus peregrinas peticiones –casi siempre insolidarias con las necesidades mayoritarias– más propias, por ello, de jugadores de ventaja que de políticos con verdadero sentido de Estado.

Y así, todo se vende y se compra, como podemos estar viendo en estos días, tras las elecciones generales del pasado 23 de julio, en que la ambición desmedida de perdedores propiciará coaliciones con aquellos a los que nada les interesa España y andan con su razón cateta e insolidaria pretendiendo convertir sus territorios, a fuerza de casi innobles chantajes, en esos estados que nunca fueron, aprovechándose del poco juicio de Estado que alumbra el comportamiento de los dirigentes de esos que fueron otrora grandes partidos nacionales y que aportaron en su día –no hoy– buena parte de la esencia del actual Estado Español.

Pero es cierto, como algunos aducen con fina inteligencia, que nadie –nadie, repetimos– ha tenido la voluntad –léase valentía– de buscar el consenso necesario, ni disponiendo de mayorías absolutas, para modificar el vigente texto orgánico electoral. Unos pensando en la utilidad que pueden tener esos partidillos ‘bisagra’, cuando hacen falta unos ‘gramitos’ en la balanza electoral para alcanzar la presidencia, pudiéndose pagar por ellos, como hemos visto –y como desgraciadamente para España– vamos a ver próximamente, desmedidos precios que ridiculizan a las instituciones ante la ciudadanía y a los gobernantes, mucho más ¿O no?