Lo más grave de la crisis económica provocada por la pandemia es que ignoramos cuánto puede llegar a durar. El daño es evidente, pero además, no sabemos ni en qué momento nos encontramos. A diferencia de cualquier otra que estudiemos o hayamos vivido, la causa de esta crisis ha surgido de modo inesperado. Hasta una guerra se percibe socialmente por el clima prebélico que enerva los ánimos de los futuros contendientes. Y una catástrofe natural no se alarga en el tiempo. Estamos, por tanto, en terra incógnita. Algunas de sus consecuencias nos recuerdan a las de un conflicto bélico sin la devastación y destrucción de infraestructuras que estos provocan. Justo lo que habría que abordar inmediatamente si de una catástrofe natural se tratara.

Lamentablemente, se está cayendo en un debate fraudulento; el que enfrenta salud y economía. Parece como si nos hubiéramos dividido en dos grupos irreconciliables. Los que defienden la vida a cualquier precio, frente a quienes la desprecian y anteponen su propio beneficio económico a cualquier otra preocupación. Intelectualmente es un falso dilema. Economía y salud han de ir de la mano. No hay una sin otra. La concepción que tenemos de nuestra sociedad no entiende de mera supervivencia, sino que exige -y paga vía impuestos- una atención sanitaria de calidad. Recordando a Lord Beveridge, el modelo social comúnmente aceptado debe incluir a todas las capas sociales sin excepción ni diferenciación alguna. La dignidad inherente al ser humano exige que la sociedad, sin convertir al ciudadano en un parásito, le proteja de la cuna a la tumba. No por caridad, sino porque la riqueza nacional debe permitir que todo ciudadano -que por el hecho de serlo es también contribuyente- tenga garantizado un nivel de vida digno.

Y este es el momento en el que los gobiernos han de velar por ello. Las pequeñas empresas, sus asalariados y los autónomos son, sin duda, los más perjudicados por las necesarias restricciones. Y ahí resurge ese falso dilema de salud y economía. Falso porque abrir estos establecimientos ad libitum no les garantiza ni siquiera la caja. ¿Quién puede obligar a quien teme contagiarse a consumir y exponerse al virus? La solución no puede ser otra que compensar convenientemente los cierres ordenados por la autoridad y en función de unos criterios sanitarios claros y precisos que permitan a las empresas planificar una gestión ordenada de sus negocios.