Me decía el otro día un amigo que me ocupo mucho de Ayuso en estos 2500 caracteres. Es cierto. En el análisis político siempre hay que levantar la mirada para otear el horizonte. Y en el horizonte de la derecha española solo veo a Ayuso, y lo que ella significa. Feijóo es pura transición. Recorre España para ser carne de meme, sin un solo mensaje relevante que justifique su condición de aspirante a la Presidencia del Gobierno, como comprobamos el sábado en Granada. Si le va bien a su partido en las elecciones municipales y autonómicas, aguantará hasta las generales, que seguramente perderá pues, pese a las dificultades, España está bien gestionada. Si no cumple las expectativas, puede ocurrirle como a Casado tras las elecciones de Castilla y León. Por eso limita esas expectativas y, por eso también, los medios del madrileñismo cañí sacan cada día una encuesta, sin ficha técnica y hasta sin encuestar (le llaman paneles), diciendo que van a arrasar.

Como creo que la líder real de la derecha española es Díaz Ayuso me preocupa su posición política pues cada vez resulta menos distinguible de la extrema derecha. La portavoz municipal del PP en Baza durante esta legislatura, que ahora se presenta por Vox, ha dicho que ambos partidos piensan lo mismo sólo que Vox lo dice y el PP lo oculta. Eso no es aplicable a Díaz Ayuso. Ella dice en público lo mismo que la extrema derecha. Y es conveniente prestar atención.

Su última obsesión es la justicia social, presentada como un invento de la izquierda que perjudica a la "gente de bien". El asunto no es baladí. La justicia social se vincula al socialismo fabiano pero también a la doctrina social de la iglesia. Fue el pilar sobre el que se sustentó la Europa de después de la segunda guerra mundial tras la terrible experiencia de los fascismos: intervención pública para garantizar la igualdad de oportunidades y proteger la dignidad de la persona. Eso se concreta en educación pública, sanidad pública, protección por desempleo, pensiones dignas de jubilación o función social de la propiedad, entre otras actuaciones. En definitiva, todo lo que recoge, con mayor o menor nivel de garantías, la Constitución española de 1978 al configurar un Estado social y democrático de Derecho pues el pacto constituyente se sustentó sobre la justicia social. Por ello, cuando se impugna la justicia social se está defendiendo un modelo constitucional alternativo; distinto al vigente en España, al desplegado en la Europa democrática de posguerra y al que Naciones Unidas propugna para el desarrollo y la dignidad humana en todo el mundo.