Licenciada en sobrinismo

El Congreso de los Diputados ha instado a las administraciones integradas en el Consorcio Federico García Lorca para que requieran "con la máxima celeridad" a la Fundación que también lleva el nombre del poeta a entregar los fondos del legado a la ciudad de Granada. La petición solemne se produce año y medio después de que Francisco Cuenca llegara a la Alcaldía y una vez que los técnicos de la Junta y el Ayuntamiento enviados a colaborar con la Fundación hayan sido incapaces de explicar con claridad el destino de buena parte de los fondos institucionales. En la plaza de la Romanilla hay un edificio en el que se han enterrado millones de euros de los españoles, especialmente de los granadinos, pero el legado no llega porque Laura, la sobrina de Federico, pretende que se ignoren los diez años de descontrol económico del Consorcio cuya presidencia ocupó y en la que pretende seguir figurando. Esta licenciada en sobrinismo, esta aristócrata de la izquierda cultural a la que no se le conoce un sólo verso, esta señora que de joven quiso ser actriz y después pasó a vivir holgadamente de sus apellidos, cobró casi tanto como el director de El Prado, una de las pinacotecas capitales del mundo, por lidiar con una tarea y unos fondos infinitamente menores y no percatarse de cómo desaparecían millones de euros públicos delante de sus ojos. Su labor fue nefasta, tan nefasta como el silencio de la inmensa mayoría de los nombres que constelan el universo cultural granadino, tan nefasta como la actitud de los representantes del Gobierno, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de Granada que le permiten desde hace ya demasiado tiempo mofarse de la ciudad y utilizar la herencia de su tío como un rehén.

El legado de Lorca, al que numerosos políticos y empresarios quieren convertir en un poderoso reclamo turístico, no puede llegar a Granada a cualquier precio. Más importante que sus manuscritos, cartas, cuadros o fotografías es la defensa de los intereses ciudadanos y de la transparencia de las cuentas públicas. Si los técnicos municipales y autonómicos enviados para ayudar a los miembros de la fundación que preside Laura no pudieron cuadrar las cuentas ni a martillazos, igual es hora de que el Consorcio abandone su escandalosa complicidad, acuda a los tribunales y sean los jueces, abogados y fiscales quienes aclaren las razones e identifiquen a los protagonistas de este millonario descontrol.