LA fijación de Pedro Sánchez por evitar pronunciar la palabra amnistía, al menos mientras no tenga la garantía de que esa enorme concesión a los partidos independentistas catalanes le asegura la investidura y no fuerza la repetición electoral, ha provocado que él, su Gobierno y su partido creen en la práctica un metalenguaje sobre la extinción de los delitos asociados al procès. Ayer incluso, en Granada, donde escribo, se produjo el ridículo de que Sánchez admitiese que se negocia pero sin llegar a pronunciar la palabra.

Las apelaciones a la generosidad, a la hora de la política, el diálogo, la concordia, la convivencia y una larga ristra de términos esconden (de manera ridícula porque está muy presente) algo más que la palabra amnistía.

Lo que se preserva es el relato electoral por si hay que votar en enero porque fallan las previsiones y el acuerdo se va al traste porque Carles Puigdemont es impredecible y todo depende de su voluntad: que no es otra que lograr la impunidad de los delitos cometidos –porque él, al contrario que Oriol Junqueras, es un prófugo y no ha sido condenado– y presentarse como vencedor frente al Estado en las catalanas de 2024.

Asistimos a una operación política y mediática a gran escala de blanqueamiento de la cesión infame de la amnistía, una rendición que supone admitir que el Estado de Derecho se aplicó de manera injusta después del golpe a la Constitución de septiembre y octubre de 2017, la ruptura del principio de igualdad ante la ley, la intromisión del poder legislativo en las funciones exclusivas del poder judicial y la refutación del papel jugado por el Rey cuando ordenó el restablecimiento del orden constitucional el 3 de octubre de hace seis años.

Y todos esos eufemismos no esconden que la única razón por la que ahora, de momento, se transige con la amnistía es porque es condición sine qua non e impuesta por Puigdemont para dar el sí o el no a la investidura. Lo ha dejado claro: nada de abstenerse.

De momento, Sánchez niega el referéndum. Pero también negó los indultos concedidos y la propia amnistía hasta el día 20 de julio pasado. Su palabra, a la que apeló para negarse, si es garantía de algo es de la mentira, que disfraza como cambio de opinión.

El mayor daño está hecho desde diciembre de 2022: proclamar una república catalana –o en España– sin que medie violencia no sería delito. Y si la amnistía se va a validar aplicando el constructivismo jurídico desde un Tribunal Constitucional previamente ocupado por peones afines –convirtiendo a la Corte de Garantías en colegislador– todo lo que está escrito en la Carta Magna está en riesgo de ser objeto de mutación, obviando una obligatoria reforma de la Constitución.