Armonizar el libre comercio y el proteccionismo ha sido siempre una tarea difícil. Desde J. Stuart Mill o J. Maynard Keynes andamos debatiendo de la cosa. Y la globalización ayuda bien poco. Seguramente es esta complejidad académica la que está detrás de la decisión que, hace escasamente una semana, ha tomado la Junta de Andalucía respecto a los horarios comerciales en la ciudad de Granada. El caso es que nadie duda que ésta es una ciudad en la que el turismo y el comercio tradicional tienen un peso económicamente muy importante y que este último está sometido a grandes tensiones y necesita medidas de apoyo para enfrentarse a los nuevos modelos de mercado.

Intentando armonizar ambas coyunturas, el Ayuntamiento de Granada decide solicitar a la Junta que no aplique la norma que permite la posibilidad de apertura comercial cualquier domingo o festivo y se limite, en Granada, al recinto de la Alhambra, al Generalife y al Albaicín. Opina igual la Federación Provincial de Comercio de Granada, que ve en la medida una amenaza no sólo para el pequeño comercio de la ciudad, sino de toda la provincia, pues puede favorecer el desplazamiento del consumo a la capital, incidiendo incluso en los procesos de despoblación. También UGT y CCOO o las asociaciones de consumidores más representativas desean que se aplique la Zona de Gran Afluencia Turística a un espacio reducido de la ciudad y durante sólo unos meses concretos, cuando más intensa es la presión turística y el pequeño comercio puede beneficiarse de la liberalización de horarios que esa norma permite. Este año la Junta de Andalucia, en una muestra inequívoca de respeto a las demandas sectoriales y mostrando su exquisita sensibilidad en lo que a la participación ciudadana se refiere, ha tomado la decisión que le ha parecido más apropiada: declarar ZGAT todo el término municipal de Granada. Sin complejos.

No sabemos si quienes toman estas decisiones son más de Stuart Mill o de Keynes, ni siquiera sabemos si han leído los informes del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (el gasto medio por turista y día en Granada ciudad es de 68,69 euros) o si saben que el comercio tradicional supone un 29% del PIB de la ciudad o que da empleo a 16.000 personas, mayoritariamente mujeres. No lo sabemos porque no ha habido que argumentar la decisión. Hasta ahora el único argumento es que "se trata de una ley estatal". Que más que un argumento parece ya un mantra. De momento, la norma está en vigor. No sabemos quién tendrá que rectificar. Aunque, eso si lo sabemos, es de sabios.