Hoy es el día de la Constitución. Hay poco que celebrar pues coincide con el cuarto aniversario de su incumplimiento flagrante al no renovarse el órgano de gobierno del Poder Judicial, como mandata su artículo 122.3. A veces se dice que en este caso se incumple la Constitución porque "los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo". Sin embargo, eso no es verdad. El Consejo General del Poder Judicial no se renueva tras cuatro años de retraso porque el PP bloquea esa renovación y, en consecuencia, no es posible alcanzar la mayoría de tres quintos prevista en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ha puesto diversas excusas en estos años pero el motivo es claro. El Consejo que se mantiene en funciones cuatro años después de haber terminado su mandato fue designado en 2013, cuando el PP tenía mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado. Y ese partido intenta impedir que cambien los vocales y sean designados los nuevos por las Cortes Generales que eligió la ciudadanía española en 2019. Ciertamente, este incumplimiento constitucional tiene unas consecuencias nefastas para el funcionamiento de nuestro sistema político. Por un lado, supone la deslegitimación de un órgano constitucional. ¡Qué auctoritas pueden tener unos vocales del Consejo General del Poder Judicial que deberían haber cesado en sus funciones hace cuatro años y se mantienen únicamente porque un determinado partido político impide su renovación! Por otro lado, supone que el PP se niega a reconocer los resultados electorales de 2019 y sus consecuencias constitucionales. Estamos, en definitiva, ante una manifestación de ese trumpismo político que está deteriorando el funcionamiento de los sistemas democráticos.

La llegada de Feijóo al poder en la derecha española abrió alguna esperanza sobre el cumplimiento de la Constitución. Su posicionamiento inicial era correcto. Afirmó que estaba en desacuerdo con el Gobierno en prácticamente todo pero la Constitución había que cumplirla. Sin embargo, pronto se disipó esa esperanza pues debió llegar a la conclusión de que si se apartaba de las directrices marcadas por el trumpismo madrileño iba a terminar como Pablo Casado. Ese trumpismo madrileño no es Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid actúa únicamente como su portavoz en este momento. Está representado por un conjunto de empresarios, periodistas y políticos que desde los reservados de los restaurantes de toda la vida marcan las directrices a la derecha española y pretenden controlar todo el país. A ellos, obviamente, les importa muy poco la Constitución. Lo único que les importa es el poder.