Sé que esta columna no será muy popular, pero siempre he creído que en la vida es mejor aspirar a la coherencia antes que a la popularidad. Esta última se evapora cuando no disponemos de nada para ganar voluntades. Sea invitando con largueza en la barra de un bar o repartiendo prebendas con prodigalidad a las legiones de palmeros y paniaguados que rodean a los líderes en la cima de su poder. Son los mismos que le niegan y abandonan en el ocaso de aquella posición perdida.

Ahora, lo fácil es calificar de insolidarios a quienes, desde los países del norte de Europa, nos exigen responsabilidad. Tan fácil como insensato. Todos aplaudimos al señor Costa, primer ministro de Portugal, cuando hace poco más de un mes tachó de "repugnante" el discurso del ministro de Finanzas neerlandés, Wopke Hoekstra, en el que pedía a la Comisión Europea que investigara por qué España e Italia no habían aprovechado los años de bonanza económica para poner sus cuentas en orden. Pero no olvidemos que Portugal, tras el rescate, cumplió escrupulosamente las condiciones pactadas y tiene sobrada fuerza moral para lanzar esa crítica. Es más, las formas fueron deplorables e inadmisibles entre socios. Pero actuar como pedigüeños no nos hace respetables, ni como país, ni como sociedad. Disponer de unas cuentas saneadas no debería entenderse como una excentricidad. Más bien debería ser una obligación política y una exigencia ciudadana.

El daño económico y social provocado por el necesario confinamiento para combatir exitosamente el Covid-19 es más que evidente. Darle solución, una obligación moral. La necesidad de que una sociedad moderna sea solidaria con todos los damnificados por esta terrible pandemia no la discute nadie mínimamente sensato. No podemos dejar atrás a ninguno de nuestros compatriotas. Pero debemos aprender que, hasta en la peor de las situaciones, es fundamental ofrecer a quienes vamos a exigir un esfuerzo excepcional, una recompensa futura. Tanto a los ciudadanos españoles como a los de nuestros socios europeos que habrán de aportar los fondos necesarios. Si España se respeta a sí misma y el gobierno lo hace con sus ciudadanos, el camino no está en pedir ayuda, sino en solicitar apoyo financiero con un plan razonado, creíble y viable de devolución del mismo. No es cuestión de exigir gratuitamente confianza en nuestras capacidades, sino de ganarla con nuestros actos y decisiones.