La crisis de los cribados como arma política

La crisis en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía ha abierto un debate que trasciende la gestión puntual de un servicio público. Esta crisis plantea una pregunta trascendental para la salud pública: ¿cómo garantizamos que un sistema esencial y que salva vidas funcione siempre con garantías? Los retrasos y fallos detectados en los últimos meses han generado inquietud entre profesionales y pacientes. Y aunque el cribado ha sido históricamente uno de los programas estrella del sistema sanitario público andaluz, la falta de información clara sobre lo ocurrido ha alimentado la desconfianza. La cuestión no es señalar culpables, sino exigir transparencia, algo imprescindible cuando hablamos de diagnósticos precoces capaces de cambiar el pronóstico vital de miles de mujeres. La situación evidencia problemas estructurales que la pandemia probablemente agravó: dificultad para cubrir plazas de radiólogos, saturación de los servicios de diagnóstico, equipos que requieren renovación y una planificación insuficiente para absorber la demanda creciente. Los profesionales conocemos de primera mano estas limitaciones; las pacientes, por su parte, viven la incertidumbre de citas retrasadas y resultados demorados. Un debate útil y constructivo debe incorporar estas voces y centrarse no en el desgaste político, sino en propuestas concretas: plantillas estables, auditorías periódicas, inversión en tecnología, refuerzo de la coordinación y comunicación directa con la ciudadanía. La prevención no puede depender de improvisaciones. La crisis del cribado debería ser una oportunidad, no un arma arrojadiza. No pueden ni deben desprestigiarse los logros de una sanidad pública andaluza de enorme prestigio para erosionar al gobierno de turno. No todo vale en política. Por otra parte, una sociedad madura no oculta los fallos: los reconoce, los analiza y actúa para evitar que se repitan. Y en este sentido, todas las formaciones políticas deberían cerrar filas. La sanidad pública se defiende con recursos, planificación y responsabilidad institucional, pero también con ciudadanos que exigen que los programas esenciales funcionen sin fisuras. El debate está abierto. Ahora toca que sea útil y constructivo.