Para descentralizar la administración pública, que se había ido creando en el siglo XIX desde la crisis del llamado Antiguo Régimen y la paulatina aparición de la moderna administración del Estado, se inventó -ya en el siglo XX- lo que la vigente Constitución Española denomina el Estado de las Autonomías, el que propició, desde el último cuarto de ese siglo, la aparición de las nuevas demarcaciones en las que se administrarían los distintos servicios del Estado y las acciones de los gobiernos Autonómicos, a través de esos entes de nueva creación, en los que se fueron volcando las diversas competencias que, hasta ese momento, sólo correspondieron al Estado Central, que llegaba a ser tan central, que hasta los asuntos de carácter marítimo se habían venido administrando a través de un ministerio de Marina -ya inexistente, como se sabe- y situado, naturalmente, en la villa de Madrid, ciudad en la que todo el mundo sabe que no hay playa, ni puerto, ni embarcadero que no sea para naves que sólo circulen por el lago del parque del Retiro.

El Estado de las Autonomías dio origen a diecisiete demarcaciones que aliviaron el poder, casi omnímodo, del que estaba dotado el inmediato anterior concepto de administración, residente, como hemos indicado, en Madrid. Y esa transformación se fue produciendo de manera paulatina y normativamente ordenada, de forma y manera que, al socaire de que de ese modo se acercaba la burocracia del Estado a los administrados, vino a generar una serie de nuevas posibilidades de participación política multiplicando tanto el número de políticos en ejercicio de manera exponencial, como el de ocupados en las labores de los asuntos públicos.

Todo esto, que pareciera que siempre ha sido así, pero que en realidad es casi de ayer por la tarde, todavía ha debido parecer insuficiente, de modo y manera que el actual presidente del (des)Gobierno de la nación, Pedro Sánchez -y Pérez Castejón por parte de madre- se levantó una aciaga mañana con el brillo en los ojos, ese que dicen le es propio por haber tenido una idea. Y ésta resultó ser la necesidad de descentralizar la Administración del Estado, es decir, Madrid y así joder bien -es un decir, una figuración- a Isabel Díaz Ayuso ¡Qué novedad!, ¡qué genialidad! Pensó para sus adentros. Y entre otros organismos, determinó lanzar fuera de la capital de España la Agencia Estatal para la Inteligencia Artificial.

En éstas, Granada y los granadinos -esos que gritan qué! cuando se les llama el 2 de enero- creyeron que se podría instalar aquí, pues somos los número uno en esta concreta materia. Pero todo era una mentira más, el procedimiento para la concesión no fue sino una decepcionante y premeditada farsa y capricho presidencial con el que se llegó a engañar hasta al propio alcalde socialista: el ingenuo y bailarín Paco Cuenca. ¿O no?