La tribuna

maría Arnedo Campozo

La igualdad nuestra de cada día

LA igualdad es un derecho fundamental. Lo es, de forma explícita y generalizada desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948, Asamblea General de las Naciones Unidas). Lo es también en nuestro país, desde la aprobación de la Constitución en 1978. Es pues, un derecho individual, pero también un derecho constitucional.

Sin embargo, aunque todas las personas somos iguales ante la ley, las dificultades para construir en lo cotidiano esa igualdad siguen siendo evidentes para, al menos, el cincuenta por ciento de la población. Las mujeres, por el solo hecho de serlo, se encuentran con dificultades en su vida laboral, familiar, social… ese es el motivo que hace tan necesarias las políticas de igualdad. Políticas que no son otra cosa que el empeño de las instituciones públicas por garantizar o paliar en lo posible las dificultades que una parte de la ciudadanía aborda causada por un constructo social: el género.

El enunciado teórico de estos conceptos (la desigualdad, la igualdad, la discriminación en función del género, la discriminación positiva,…) forman parte de nuestra legislación tanto como de nuestra realidad cotidiana. Programas de coeducación en las escuelas, bancos del tiempo, planes municipales de igualdad…

Y luego, la realidad, que es siempre tan tozuda, vuelve a poner las cosas en su sitio: la actual Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres se convierte, poco a poco, en papel mojado porque los poderes públicos encargados de su puesta en práctica están dejando que muera de inanición.

O los ayuntamientos, encargados de tomar medidas que, por su cercanía e inmediatez, son percibidas de forma directa por la ciudadanía, deciden cancelar servicios que, además de romper la equidad social, vulneran nuevamente el concepto de igualdad entre hombres y mujeres.

Por poner un ejemplo concreto: el Ayuntamiento de Granada ha hecho pública su intención de no contribuir económicamente al servicio de Teleasistencia.

En primer lugar, un dato estadístico: son mujeres, en su mayoría, las que se ven afectadas por la medida porque entre las personas usuarias de la Teleastencia predominan las mujeres, debido principalmente a su más larga expectativa de vida.

Por otro lado, es evidente que deja en una situación de clara indefensión a personas vulnerables, pues de entre las casi 4.000 usuarias del servicio de Teleasistencia, mas de 700 viven solas y cuentan con escasos recursos, por lo que la supresión del servicio les deja dos soluciones: ingresar en una residencia o trasladarse a casa de la familia. En ocasiones, ni una ni otra opción son viables.

En segundo lugar, cuando esa red familiar existe, son las mujeres, una vez más, las encargadas de suplir la desaparición de ese servicio, otra vez las responsables del cuidado.

En tercer lugar, son también mayoritariamente mujeres las que, esta vez como trabajadoras, se ven afectadas por la medida, porque son mayoritariamente mujeres las que trabajan en este sector, como en todos los relacionados con el cuidado.

Una vez más, el argumento esgrimido por los responsables de esta medida, en este caso el Ayuntamiento de Granada, ha sido la crisis económica. Según el concejal responsable del área, don Fernando Egea, no podrá seguir manteniéndose después del 1 de abril, fecha en que termina la concesión actual. Y ello, a pesar de que se han propuesto diversas medidas de solución (hasta seis, desde sacar un nuevo concurso hasta introducir un pequeño copago o reducir el precio del servicio) y de que, además, el coste de cada una de las personas que usan el servicio es de menos de 7 céntimos por día.

No cabe duda de que este es un paso más en el desmantelamiento progresivo del estado del bienestar, una vez más bajo el paraguas de la crisis económica. Pero es importante tener siempre a la vista quién pierde más con cada una de estas medidas, a quién afecta de manera doblemente violenta cada una de las supresiones que se están llevando a cabo en ayuntamientos, diputaciones,… Los poderes públicos son responsables del cumplimiento de las leyes y las ciudadanas y ciudadanos hemos de exigir que sean consecuentes en sus actuaciones.

Las mujeres, de nuevo, por tres veces discriminadas. ¿Hasta cuántas más?

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