La llegada a Granada de 200 migrantes procedentes de Canarias ha mostrado con toda su crudeza el racismo que caracteriza a las derechas españolas y su interés en señalar a los migrantes como los culpables de la pandemia. Aunque estos migrantes se habrán desplazado ya a otras zonas de la provincia (o incluso más allá) buscando trabajo, el alcalde de la capital no ha perdido la oportunidad de mostrar su racismo acusando al gobierno de "soltar a los migrantes a su libre albedrío" dejando claro que para él no son personas con derechos a quienes ampara la Constitución Española que tanto ensalzaron el pasado día 6. De hecho, si según Luis Salvador a los migrantes no se les puede "soltar", habría que preguntarle dónde deben estar, ¿quizás en cárceles o campos de concentración como proponen sus socios de gobierno?

Los portavoces del PP provincial han llegado un poco más allá señalando a los migrantes como contagiadores de Covid en potencia, aunque la Subdelegación del Gobierno ha dejado claro que todas las personas que han llegado vienen con una PCR negativa. Me parece de una gravedad máxima que el Delegado de la Junta de Andalucía en Granada haya utilizado su cargo institucional para fomentar el racismo y la desconfianza hacia la población migrante en momentos tan difíciles como los que está generando esta pandemia.

Y finalmente el nuevo líder del PP provincial ha señalado que en nuestra provincia el índice de inmigración irregular es altísimo, en clara consonancia con sus socios de Vox que hablan de "invasión migratoria" aunque las personas extranjeras (del norte y del sur) no llegan ni al 8% de la población total en Andalucía. Al parecer ese pequeño porcentaje de andaluces y andaluzas les estorban tanto como los 26 millones de españoles que querrían fusilar sus "amigos" militares retirados si pudieran dar un Golpe de Estado como el de 1936.

Las declaraciones del gobierno andaluz y del alcalde granadino no sólo son detestables desde un punto de vista ético, si no que podrían ser inconstitucionales y contrarias al Estatuto de Autonomía de Andalucía. Es fundamental que la ciudadanía denuncie este tipo de actitudes que atentan contra nuestra convivencia, pues la normalización del discurso racista es un error que no podemos cometer, sobre todo quienes formamos parte de esos millones de españoles (muchos más de 26) que sobramos para aquellos nostálgicos del pasado que pretenden volver a otorgar certificados de españolidad o de blanquitud.