Nueva bomba judicial

Ala vuelta de la esquina aguarda una nueva bomba que puede provocar un revulsivo en las instancias judiciales y en el escenario político. En los próximos días el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre el recurso que presentó Puigdemont para que se le aplique la amnistía, rechazada por el Tribunal Supremo porque no afecta al delito de malversación del que se acusa al ex presidente de la Generalitat. Solicita también que se anule la orden de detención promulgada por el juez Llarena que impide a Puigdemont regresar a España.

De nuevo vivirán los españoles en esta semana, o la próxima, el debate sobre las discrepancias que se producen los últimos años entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, empeñado este último en actuar como si fuera un tribunal de justicia con máximo poder de decisión. Sin embargo en España no hay instancia judicial que pueda interferir en decisiones del TS, como demuestra que ni siquiera es obligado que los miembros del TC sean jueces o fiscales.

La polémica ya está ahí, antes incluso de que se reúna el Constitucional para abordar una cuestión que afecta al futuro de Puigdemont. Se mantienen abiertas por tanto las tensiones que hoy envenenan el mundo judicial, con situaciones muy vidriosas nunca conocidas hasta ahora. Con un Gobierno que utiliza todos los medios a su alcance para presionar a las instancias necesarias que permitan a altos cargos socialistas salvarse del largo brazo judicial.

En ese sentido, el TC sufre una crisis importante de prestigio, con un presidente que sistemáticamente defiende las posiciones que interesan al Gobierno. Lo que afianza la opinión generalizada, que tanto duele a los profesionales de la judicatura y la fiscalía, de que son habituales los ejemplos de miembros de instituciones a los que oficiosamente se les encuadra en sectores progresistas o conservadores a la hora de tomar decisiones de gran calado político, pronunciándose tal como se preveía que se iban a pronunciar.

Días atrás, Sánchez declaró que había jueces politizados, palabras que provocaron el lógico escándalo. No porque no fuera cierto, que para desgracia lo es en algunos casos, sino porque nunca como ahora se había visto una utilización tan bochornosa de las instituciones del Estado para garantizar que sus decisiones respaldaran los intereses del Gobierno. Nunca. Y sucede además cuando familiares y personas del círculo más próximo del presidente están inmersos en causas judiciales.

Estos días por tanto los ojos de gran parte de los españoles estarán puestos en el TC. Lo que ocurra ahora es una incógnita. Pero existen razones sobradas para pensar que Sánchez y Bolaños pretenden utilizar todas las armas a su alcance para lograr un fallo a favor del socio catalán que ya lleva cinco años burlando a la Justicia.