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La tribuna

francisco J. Ferraro

La reforma constitucional en el juego político

COMO es habitual, los días previos al 6 de diciembre fueron pródigos en artículos y declaraciones sobre la Constitución. Pero si en otros años destacaban los elogios, en éste ha predominado el debate sobre su reforma. Su conveniencia se argumenta en que, después de 35 años, algunos de sus contenidos deben adaptarse a la nueva realidad social e institucional, y otros se han mostrado disfuncionales, pudiendo su reforma contribuir a la regeneración democrática y a resolver las tensiones separatistas de Cataluña.

La demanda de regeneración democrática viene determinada por el desprestigio de los políticos y las instituciones del Estado, que tienen su origen en la deriva partidocrática de la democracia española, si bien la eclosión de los casos de corrupción y el malestar provocado por la crisis la ha hecho estallar en los últimos meses. El poder de los aparatos de los partidos sobre las listas electorales, los nombramientos de cargos en las administraciones, empresas y otras entidades públicas, la influencia de los partidos en el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Constitucional, el Tribunal de Cuentas, RTVE, los órganos reguladores de los mercados, etcétera, son expresiones de la degeneración de la democracia; como también lo son la ausencia de debates colaborativos, el sometimiento de los políticos a las cúpulas de sus partidos, la falta de transparencia de éstos y su escasa colaboración en desentrañar la corrupción. Por todo ello, se hace necesaria una regeneración democrática que debe fundamentarse en cambios legislativos, algunos de ellos en la propia Constitución, como los referidos al sistema electoral, las comisiones de investigación, los abusos de los decretos-leyes, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas o el aforamiento de los cargos públicos.

El otro grave problema político de España es la tensión soberanista de Cataluña, para la que la reforma constitucional podría ser un marco factible de superación, ya que ni el inmovilismo del Gobierno lo resolverá ni la negociación bilateral sería aceptable por el resto de España. Sin embargo, una reforma de la Constitución en la que se haga expreso reconocimiento de las singularidades autonómicas sin necesidad de competencias adicionales, y en paralelo con un sistema de financiación autonómico en el que los esfuerzos de todos los españoles contribuyan a la redistribución de la renta de forma ponderada, podría ser apoyada por la mayoría de los catalanes ajenos a la aventura soberanista, pero insatisfechos con el actual statu quo. En cualquier caso el Título VIII de la Constitución debe reformarse para dotar de racionalidad la descentralización del Estado y resolver las múltiples disfuncionalidades que el desarrollo autonómico -construido al hilo de las diferentes coyunturas políticas- ha ido deparando.

Con menor urgencia, una reforma constitucional debería acoger la actualización de otras realidades, tales como los derechos sucesorios de la Corona, la participación de España en las instituciones europeas, su caracterización como Estado aconfesional, la composición y las funciones del Senado, y otros principios y derechos ya acendrados en España y reconocidos por las leyes.

Ciertamente una reforma constitucional es un proceso complicado que exige consenso. Pero el consenso inicial debe provenir de su necesidad, no de sus resultados, y ese acuerdo parece generalizado entre las fuerzas políticas mayoritarias en España, pues todos los partidos, con mayor o menor énfasis, aceptan su conveniencia y, hasta el presidente del Congreso, Jesús Posada, en su discurso institucional del pasado día 6, afirmó que la Constitución "conserva su vigencia", pero es "susceptible de reforma", y alertó de la "profunda crisis de confianza" de los ciudadanos con las instituciones políticas, lamentando que "no es sana una democracia en la que los ciudadanos no confían en quienes ellos mismos eligen".

Sin embargo, la inoportuna iniciativa de Pedro Sánchez de reclamar la modificación del artículo 135 le dio la justificación a Rajoy para dar de inmediato un portazo a la propuesta del PSOE de crear una subcomisión parlamentaria para la reforma. Y en apoyo de la inoportunidad de un proceso de reforma se esgrime el actual contexto de crisis económica y política, pero la Constitución de 1978 se redactó también en tiempos de inestabilidad política y crisis económica. Más comprensible es que la perspectiva de un intenso año electoral, en el que los partidos políticos acumulan artillería contra los adversarios, no es el contexto más adecuado para alcanzar acuerdos constitucionales. Argumento que nos expone de forma descarnada la preeminencia del juego político sobre los intereses generales del país.

Definitivamente la Constitución no se va a reformar en esta legislatura, aunque inevitablemente se intentará en la próxima, pero puede que sea tarde para resolver algunos de los graves problemas de España.

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