Suicidas

En el cementerio de mi pueblo hay una zona proscrita e indigna, sin bendecir, que se sigue reservando a los suicidas. Hace siglos que lo viene decretando la Iglesia católica: quitarse la vida es un acto gravísimo, una ofensa directa contra el quinto mandamiento (“no matarás”) que implica dejar este mundo “en pecado mortal”. Ni la secularización del Estado ni la Ley de Cementerios, que se remonta a finales del siglo XIX, han logrado erradicar estas prácticas especialmente arraigas en la Andalucía rural. Del suicidio no se habla y quienes se atreven a cruzar esta línea acaban enterrados en zonas comunales. Sin misa y sin cruz.

En los últimos años, son cada vez más las ciudades que están promoviendo estudios locales sobre los “cementerios de los olvidados”, sobre los “rincones de los sin alma” y las “tapias de los condenaos” en un intento de restitución de memoria y reparación. Pero no lo tienen nada fácil los movimientos que intentan dignificar estos enterramientos (no solo para represaliados, también para suicidas) porque implica asumir un giro radical que cuestiona de raíz el imaginario colectivo y la cultura popular. ¿Por qué nos cuesta tanto afrontar el suicidio como un problema de salud mental y no como una condena moral?

Hay que hablar de “suicidio”, y de “acoso” y de “bullying”, hay que tomar medidas, en los colegios públicos y en los concertados, en los laicos y en los religiosos, si queremos evitar casos como el de Sandra Peña, la escolar de 14 años que se quitó la vida hace una semana en Sevilla. La Fiscalía de Menores y la Policía? Nacional tienen abierta una investigación para aclarar la implicación de tres menores denunciadas por acoso y el papel negligente del colegio por no activar los protocolos. Incluso la Junta no descarta retirarles el concierto.

A día de hoy, los responsables del? Irlandesas ?Loreto reclaman “cautela y responsabilidad” y ni siquiera son capaces de hablar expresamente de “suicidio”. Así lo han decidido; así lo quieren.

Pero el silencio también mata. Las instituciones educativas tienen la obligación moral y legal de actuar ante el acoso y las señales de riesgo, no de mirar hacia otro lado. La vulnerabilidad de los menores exige atención psicológica, acompañamiento y escucha, no protocolos dormidos en un cajón. Y cuando se evita pronunciar la palabra “suicidio”, lo que se evita, en realidad, es reconocer el dolor, hablar de salud mental y prevenir que vuelva a ocurrir. Nombrar, desde la responsabilidad, es el primer paso para proteger.