Caso IDEA, ¿otro fiasco de la juez Alaya?

Editorial

La juez Alaya ve cómo se desinfla cada vez más otra de las macrocausas que inició contra la Junta en la época socialista

16 de mayo 2019 - 02:38

El apoyo de la Junta de Andalucía al archivo de la llamada macrocausa de los avales de la agencia IDEA supone un giro radical en una instrucción judicial que ya lleva cinco años en marcha y que fue iniciada por la juez Mercedes Alaya, posteriormente sustituida en la investigación por María Núñez Bolaños. De hecho, la nueva postura adoptada por los servicios jurídicos de la Administración autonómica -que ejerce la acusación particular en la causa- supone un torpedo en la línea de flotación de las argumentaciones que acusan a una serie de antiguos directivos de la Junta (entre ellos el ex consejero de Innovación Martín Soler y el ex director general de esta agencia pública Jacinto Cañete) de haber cometido los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la concesión de ayudas en forma de avales a una serie de empresas. Será, finalmente, la juez Núñez Bolaños la que tendrá que decidir si hace caso tanto a las defensas como a la Junta de Andalucía y archiva la macrocausa, pero ya todo indica que estamos ante un nuevo fiasco de la juez Alaya, que ve cómo se desinfla otra de las instrucciones contra la Administración andaluza durante la época socialista.

El apoyo al archivo por parte de la Junta tiene también el morbo añadido de que contradice lo que defienden tanto la Fiscalía como la acusación popular que ejerce el propio Partido Popular, precisamente el del actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, y de la mitad de sus consejeros. Esto nos recuerda que, pese a lo que se ha insinuado en repetidas ocasiones, los servicios jurídicos de la Administración andaluza son independientes y sus actuaciones responden a criterios profesionales y no a los dictados de los dirigentes políticos de turno. Si en su día, como se recordaba ayer en este periódico, la secretaria general del PP de Andalucía, Dolores López, manifestó, tras la petición de archivo de la pieza del denominado "procedimiento específico" de los ERE, que la Junta había "renunciado a defender a los andaluces en el mayor caso de corrupción de la democracia", por pura coherencia la líder popular debería ahora repetir lo mismo con la petición de sobreseimiento de la macrocausa de la agencia IDEA. Evidentemente no lo hará.

Es notoriamente conocido que los políticos suelen percibir de manera diferente los problemas cuando están en la oposición o en el Gobierno. Sin embargo, en cuestiones como éstas, en las que están en juego la libertad y honorabilidad de las personas y el prestigio de la propia Junta de Andalucía, debería exigirse más rigor y contención.

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