Chapuza legal y social

El mal está hecho: el cambio de la ley del 'sólo sí es sí' no podrá hacer reversibles las reducciones de penas que ya se han producido

Con la aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual -la conocida como ley del sólo si es sí- ha pasado lo que era previsible: la chapuza ha sido de tal dimensión que la parte socialista del Gobierno forzará, guste o no a Podemos, una modificación para que esta norma no se convierta en un salidero de votos para la izquierda en las elecciones municipales y autonómicas de final de año. El disparate es de dimensiones mayúsculas. El número de casos de reducción de penas a agresores sexuales supera ya los 300 y muchos de ellos, en algunos casos violadores reincidentes, han obtenido la libertad antes de lo que le correspondía provocando una justificada alarma social. El hecho de que la ley destinada a garantizar la protección de la mujer ante este tipo de delitos haya tenido como efecto justo el contrario da idea del ínfimo grado de solvencia jurídica de los redactores de esta norma, pero también de la corresponsabilidad del Consejo de Ministros que le dio luz verde y de los diputados que la votaron en el pleno del Congreso. Pero, desgraciadamente, el mal ya está hecho. Una de las bases del ordenamiento jurídico español es la aplicación al reo de la legislación que más le favorezca, con lo que las medidas adoptadas hasta ahora no son reversibles. Pero en contra de lo que sería la norma en cualquier democracia avanzada, este dislate legal y social no va a tener consecuencias políticas. De hecho, no está ni siquiera planteada la salida del Gobierno de la ministra Irene Montero, promotora de la ley, que se ha resistido durante más de tres meses a admitir que era necesaria reformarla para taponar las reducciones de penas. Una vez más se evidencia que Pedro Sánchez no tiene autoridad sobre los ministros del partido coaligado y que Podemos actúa como un Gobierno paralelo con reglas y políticas propias.

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