La consejera de Salud ha anunciado esta semana un plan de garantía sanitaria por valor de 283 millones de euros. Con la iniciativa que arrancará en abril, Catalina García pretende reducir a final de año un 18% las listas de espera sanitaria y bajar en un 60% el número de pacientes que aguardan una intervención quirúrgica fuera de los plazos oficiales a los que se compromete el propio SAS. La actuación propuesta difiere en poco de las actuaciones que se han acometido en los últimos años para luchar contra este problema que ya se ha revelado como endémico. Horas extras para que el personal sanitario prolongue sus jornadas laborales y conciertos con la sanidad privada para desviar a sus quirófanos las intervenciones de “poca envergadura” y practicar diversas pruebas médicas. Los conciertos con los privados no resultan novedosos y son herramientas que ya han utilizado gobiernos de distinto signo político. Mientras se concluyen los acuerdos marco en Almería, Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla para derivar estos servicios, la Junta ha optado por el contrato negociado sin publicidad para poder prestar estos servicios ya en el mes de abril. Una fórmula más ágil pero no la más recomendable para una Administración, cuando prevé destinar una partida de casi 120 millones de euros. Habrá que confiar en que Salud obtenga suficientes garantías para esa colaboración con unos hospitales privados que, en algunas provincias, también dan muestras de sufrir una saturación en las prestaciones a sus usuarios. Es la alternativa escogida por la titular de Salud, que empeña con la medida su futuro al frente de la Consejería, una vez que se desprendió de los principales dirigentes que la acompañaban en su área. Pero quizá lo más interesante, más allá del plan, es la posibilidad de crear un grupo de trabajo que planifique otras opciones de futuro para evitar, como hasta ahora, que las listas de espera sólo se combatan con programas extraordinarios.