Pedro Sánchez llega hoy a Sevilla para iniciar en Andalucía la precampaña de su partido para las elecciones del próximo 28 de mayo, que en la región son exclusivamente municipales y en las que el PSOE se juega los ayuntamientos y diputaciones, que son las únicas instancias de poder que le quedan en la región. Lo hace con el auto del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que aplica las reformas penales decididas por el Gobierno a los todavía encausados como responsables de la intentona separatista de 2017 en Cataluña, entre ellos el huido ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, como tarjeta de visita. El auto de Llarena es un duro reproche, cargado de argumentos procesales, a los cambios introducidos en el Código Penal. El magistrado es claro: el Estado se ha desarmado y carece ahora de los instrumentos legales con los que pudo llevar al banquillo a los que intentaron romper la unidad nacional. Los hechos del procés no tienen cabida en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados promovido por el Gobierno, con lo que sólo cabe acogerse a las figuras penales de la malversación y la desobediencia para que la impunidad de los responsables no sea completa. Más allá de los razonamientos jurídicos y de sus consecuencias políticas, que Llarena deja caer en el auto que firma, la resolución deja una vez más en evidencia a un Gobierno que proyecta una alarmante imagen de cesión permanente ante los responsables de unos hechos que atentaron gravemente contra el orden constitucional. La reforma penal que elimina la sedición se ha hecho a medida de los intereses de los independentistas catalanes sin que existiera ninguna demanda social para ello. El Gobierno juega sus estrategias políticas y quizás sea capaz de vender en algunos sectores de Cataluña que ha hecho un esfuerzo para desinflamar un conflicto enquistado. Pero en el resto de España y en el mitin de hoy en Sevilla la imagen de entreguismo va a ser imposible de combatir y eso se traduce en pérdida de votos.