Como no podía ser de otro modo, el Senado ha acatado la medida cautelarísima adoptada el lunes por el Constitucional. Lejos de las acusaciones alocadas de golpe, lo que se ha producido es un correcto funcionamiento del modelo democrático, donde es este tribunal el que tiene la última palabra sobre la constitucionalidad de las leyes. Desgraciadamente, ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien elevó el tono al calificar de "complot" la medida cautelarísima que solicitó, en su derecho, el PP y la respuesta que dio el Constitucional al convocar un pleno para estudiarla. Jugó a la radicalidad de su socio de Gobierno, Podemos. El lunes, el tribunal admitió el recurso de amparo y suspendió una votación en el Senado de la proposición con la que se modificaba el modo de elección de los miembros del Constitucional. No ha entrado en el fondo de las dos modificaciones legales -la otra hace referencia al Consejo General del Poder Judicial-, pero desestima la forma en la que iban a acometerse, a la vez que salvaguarda los derechos de los diputados demandantes. Hay que recordar que, en forma de enmiendas a una proposición para derogar el delito de sedición en España, los socios de Gobierno incluyeron dos cambios, cuya naturaleza no tenía que ver con este asunto. Si de por sí ya son polémicas la supresión del delito de sedición y la modificación del de malversación, que se tramitaron como proposición de ley para evitar que se elevasen consultas, el Gobierno forzó aún más la situación al querer resolver a las bravas las renovaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Constitucional. Las concesiones judiciales a los independentistas catalanes se vieron agravadas por estas dos reformas sustanciales que quiso colar de matute. Es cierto que la resistencia del CGPJ a no renovarse no admite ya ninguna excusa, pero cualquier modificación debe realizarse dentro de los márgenes legales democráticos.