El independentismo catalán es hoy un movimiento a la deriva, sin proyecto y sin liderazgo. Desde el punto de vista político, está dividido en facciones irreconciliables y desde el punto de vista social está en buena medida amortizado. Su profunda crisis se ha ido plasmando en las últimas celebraciones de la Diada y ha quedado retratada con toda crudeza en la de este año. Quedan ya lejos aquellas manifestaciones gigantescas que tuvieron repercusión internacional y que desembocaron en el fiasco de 2017. La del pasado domingo, más que una demostración de fuerza en la calle fue un episodio más de la trifulca interna que tiene divididos entre sí a los miembros del Gobierno catalán y entre éstos y los movimientos que, teóricamente, movilizaban a la sociedad civil catalana. El declive del independentismo, a pesar del dominio que mantiene sobre las instituciones y el enorme aparato de propaganda puesto a su servicio, supone el fracaso -al menos, por ahora- de la operación montada por el pujolismo desde la premisa falsa de que la zona más desarrollada y favorecida de España era expoliada por el resto del país. Pero sería un error ignorar que el secesionismo tiene fortalezas y que puede rearmarse si se le dan las condiciones favorables para ello. Una de esas fortalezas es la dependencia del Gobierno central de los apoyos parlamentarios de los diputados nacionalistas catalanes en el Congreso. A lo largo de esta legislatura se ha visto en más de una ocasión cómo esa dependencia ha sido utilizada por el independentismo para ganar terreno y afirmar su identidad. Ese oxígeno es hoy imprescindible para mantener vivos los rescoldos nacionalistas. La Diada ha demostrado que el movimiento se desinfla, pero en Madrid sigue teniendo uno de sus principales escaparates. De Pedro Sánchez, y de los gestos que esté dispuesto a hacer para seguir contando con su apoyo, va a depender en buena medida su futuro.