Ofensiva contra un agravio

Si las previsiones se cumplen, el próximo lunes, en la reunión de la Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat, se anunciará la firma del acuerdo para que Cataluña cuente con un sistema de financiación privilegiada. Supondrá que la segunda economía del país, sólo superada por la Comunidad de Madrid, abandona el régimen común para acceder a una fórmula que en la práctica la van a equiparar a las forales, País Vasco y Navarra. Cataluña pasaría a recuadrar todos sus impuestos y negociaría un importe a traspasar al Estado como coste de los servicios no transferidos y como cuota de redistribución territorial. El sistema de privilegio para Cataluña es el resultado del acuerdo al que llegó el Gobierno de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana para dar la Presidencia de la Generalitat al socialista Salvador Illa y constituye una gravísima cesión del Estado ante las exigencias del separatismo catalán, en la misma línea que lo fue la ley de amnistía. La ruptura de los principios básicos de cohesión nacional y de solidaridad interterritorial perjudica al conjunto del país y supone un nuevo atentado contra los principios fundamentales del orden constitucional. Pero en algunos territorios como Andalucía, que padece una infrafinanciación crónica y soporta los peores indicadores de bienestar social, estos efectos negativos se ven agravados. La Junta de Andalucía se plantea la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra los privilegios a Cataluña. Se trata de una medida pertinente porque el acuerdo supone la conculcación de la igualdad entre todos los ciudadanos. El Gobierno andaluz tiene la obligación de encabezar una ofensiva política para denunciar el agravio al que se va a someter a la región, como afirmó Juanma Moreno el jueves en el acto de presentación del Anuario del Grupo Joly, editor de este periódico. Y si la política no estuviera condicionada a las estrategias partidistas, esa ofensiva debería de encontrar un sólido apoyo institucional y social en Andalucía.