La huelga del taxi, con independencia de los motivos por la que la convocan, vuelve a poner de manifiesto la necesidad de una nueva regularización legal y su obligado cumplimiento de este derecho constitucional, ya que los organismos que las distintas Comunidades Autónomas tienen para su resolución a través de sus Consejos de Relaciones Laborales (en Andalucía el SERCLA) se hacen a todas luces insuficientes.

Desde aquella huelga de 1991 de transportes que dejó desabastecidos los mercados españoles, haciendo peligrar toda el sistema económico del país y subiendo artificialmente los precios de productos de primera necesidad, se viene hablando de la necesidad de la regulación de este derecho. Los sindicatos proponen autorregularla ellos mismos, los patronos limitarla y los gobiernos no se atreven a ‘tocarla’ por la conflictividad que les conllevaría, mientras tanto los ciudadanos –como siempre– seguimos padeciéndola.

El hecho de que el artículo 28 de nuestra Constitución garantice el derecho a la huelga no es óbice para que se inviertan los términos de su regularización y se extrapolen los foros de su discusión o negociación a la calle, sufriendo la ciudadanía sus consecuencias y poniendo en peligro sin garantía alguna, en este caso, un derecho de todos: el de movimiento.

La huelga legal, como el cierre patronal, son dos situaciones extremas no deseables por sus promotores y por la que no encuentran otra salida para dirimir sus diferencias, que entre tanto continúan buscando sus solución a través de la autoridad administrativa o judicial, respetando, en primer término los servicios mínimos. La ‘huelga salvaje’, en cambio, es la salida irracional de los intolerantes que, minoritariamente, tratan de imponer sus intereses a los de la mayoría de la colectividad, chocando frontalmente con el fundamental de los principios democráticos: el respeto y la libertad de los demás.

La ‘huelga salvaje’, exponente de la intolerancia y tiranía, necesita, sin preámbulos ni dilaciones, una prohibición expresa en una futura y deseada ley, para que hechos como recurrentemente suceden no vuelvan a producirse jamás. Será el éxito de los trabajadores, de los sindicatos, de los empresarios y de los propios ciudadanos, como decía Jean-Paul Sartre, y razón no le faltaba, “mi libertad termina donde empieza la tuya.”.