Lo que se esconde detrás de la muerte de una educadora social en Badajoz

En las profesiones de la intervención social estamos en shock. Ayer murió una compañera, educadora social, mientras trabajaba con menores en una casa dedicada a aplicar medidas judiciales. Estamos en estado de conmoción, pero no de sorpresa. Porque quién más y quién menos conocemos en qué condiciones trabajan las profesionales de "lo social" y a qué situación se ha abocado a una ciudadanía vulnerable, empobrecida, desamparada y desesperada. Veamos lo que esconde esta muerte. Se sabe que Belén, la compañera supuestamente asesinada por las personas a las que pretendía educar, estaba sola, contratada en una categoría inferior a sus funciones y su nivel de estudios como educadora social, siendo parte de una empresa privada que desarrolla un servicio público, cobrando el salario mínimo en el mejor de los casos y desempeñando una labor que no está suficientemente reconocida. Y no es la única. Por desgracia, en las profesiones sociales nos encontramos como norma estas situaciones. Precarización, falta de medios, de personal, de formación, de reconocimiento y marginación de una labor que debería estar entre los pilares del Estado del bienestar y que se encuentra olvidada. Quién y en qué condiciones se atiende a menores desamparados no es una prioridad social. Y ahí tenemos que mirarnos como sociedad. Y exigir a la representación de lo común, las administraciones públicas, que compartan el dolor y actúen para cambiar un modelo que, a diario, se muestra inútil porque no consigue los objetivos de socioeducativos que dice pretender y dañino tanto para profesionales como para menores y ciudadanía en general. Dónde queda la protección a la infancia si los medios con los que se atienden las mayores necesidades se quedan cortos y no son dignos de una sociedad que se denomina avanzada. Cómo pueden trabajar con garantías de seguridad las profesionales de lo social si sus condiciones son precarias, si su actuación no se reconoce, si no hay medios para ofrecer alternativas a las vidas de personas que salen al mundo con una mochila de desamparo detrás.

Hoy la profesión social está de luto, pero quienes toman decisiones en las administraciones públicas deberían estar reflexionando con dolor el por qué hemos llegado a esta situación. Por qué se abandona a miles de personas vulnerables a la falta de recursos profesionales adecuados, de recursos materiales para canalizar nuevos proyectos vitales. La seguridad no comienza con la instalación de cámaras de vigilancia, botones de pánico o empresas de seguridad con grilletes. La seguridad implica que se puedan generar ambientes educativos en estos recursos, que se pueda compartir el trabajo de manera interdisciplinar porque haya suficientes profesionales, que se cuente con recursos económicos y materiales para poder ofrecer salidas a vidas dañadas, que no haya saturación y las ratios sean adecuadas, que las profesionales no vayan con miedo a trabajar, que se encuentren reconocidas socialmente y laboralmente con salarios y condiciones que no les hagan aceptar cualquier trabajo en cualquier condición. Hoy impera en el debate público la necesidad de armarse ante la guerra. Se nos llenarán las redes sociales de bulos y odio hacia colectivos desfavorecidos. Pero la realidad es que la guerra la tenemos en casa, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, se llama desigualdad y genera desprotección, abandono y, en ocasiones, violencia. Y como responsables deberían reflexionar sobre lo que les queda más cercano y cómo lo están manejando.

Hoy lloramos por la compañera extremeña, pero todos los días sufrimos por no poder desarrollar nuestro trabajo en las condiciones dignas que requeriría enfrentar las complicadas situaciones que viven los menores desamparados, las familias vulnerables, la sociedad fracturada por la injusticia social.