Si en la campaña orquestada por los grupos animalistas de este país para la derogación de la Ley 18/13 que declara la tauromaquia como patrimonio cultural y que ha sido presentada para su curso parlamentario ante la comisión de cultura del Congreso de los Diputados el pasado martes, lucía el eslogan de “no es mi cultura”, la siguiente reflexión es si ello legitima a los promotores para derogar, abolir, prohibir “la otra cultura”, la del diverso, la del distinto, la del diferente. La misma declaración de -No es mi Cultura- implica el reconocimiento de que la tauromaquia lo es y en consecuencia no discuten su valor cultural, sino que no es la que les gusta, lo que nos lleva al totalitarismo, al dogmatismo, a la censura y la pérdida de libertades.
Quienes se suben al carro de la ILP (iniciativa legislativa popular) se suman a la intolerancia y a la represión cultural, a la pérdida de libertades y el cercenamiento de derechos entre otros el del acceso a la cultura, se unen a una acción execrable en una consolidada democracia, se aferran al derecho a prohibir y restringir libertades, simplemente por representar otra forma de vivir. “No se puede disentir”. Ya es llamativo, por pionero, que un parlamento acoja una iniciativa que no desarrolla, promueve o mejora una norma, sino que abraza una demanda sectaria y abolicionista instituyendo el “derecho a prohibir”. Argumentar además que la tauromaquia es una expresión minoritaria para justificar su aniquilamiento es igualmente grave sobre todo si tenemos en cuenta que España ratificó en el año 2006 los tratados internacionales, entre ellos la declaración de París sobre diversidad y patrimonio, que proclaman por la Unesco la protección de la diversidad de las expresiones culturales consagrando con ello el respeto y el derecho de las minorías que especialmente deben ser protegidas precisamente por ser minoritarias contra cualquier centralismo colonizador de la opinión siempre con el respeto a los derechos humanos (y si es que la tauromaquia como expresión cultural es minoritaria y obviamos las más de seis millones de personas que acuden anualmente a plazas de toros o los más de veinte mil festejos populares que se celebran anualmente en todo el territorio). Y esto en democracia es pura dinamita, y no hablamos solo de tauromaquia. Esta injerencia legislativa prohibitiva va más allá del mundo del toro.
La cultura es del pueblo, espontáneamente la genera, la proclama y la abole, no nace de una norma jurídica. La legislación que deriva del parlamento debe ser un derecho de todo ciudadano para el desarrollo normativo de los derechos constitucionales, y la tauromaquia como expresión cultural lo es (art. 46 y 149 de la Constitución española), y no merma o restringe derechos humanos. Además, es un patrimonio común que cohesiona los territorios del Estado y pasa a formar parte de un acervo compartido más allá de las particularidades de cada territorio, identificándose como parte de la cultura unitaria del país. Fue el socialista Rubalcaba siendo Ministro de Interior con Zapatero allá por el año 2011 quien modificó la estructura orgánica del Ministerio del Interior en materia de espectáculos públicos, y sin perjuicio de las competencias autonómicas, proclamó conforme al mandato constitucional que el servicio de la cultura tiene que ser un deber y una atribución del Estado y por tanto deben adoptarse las medidas destinadas a fomentar y proteger ésta en atención a la tradición y vigencia cultural de la fiesta de los toros. Algo que parece asumible y nadie discute cuando hablamos de teatro, cine, danza, música, ópera, baile, flamenco, etc…
No se atendieron a los profesionales del mundo del toro en pandemia excluyéndolos de las ayudas a los profesionales del sector del espectáculo, luego se discriminó la cultura del toro censurando a los jóvenes taurinos del bono cultural (felizmente repuesto por el TS). Después el Sr. Urtasun suprimió el Premio Nacional de Tauromaquia, y ahora esta Iniciativa legislativa popular, -politizada digan lo que digan los animalistas sobre su supuesto valor social, virginal e independiente-, (baste ver la presentación que se hizo en el Senado con representantes de los grupos políticos que acogen la iniciativa: Sumar, Podemos, Izquierda Unida, Junts, Erc, Bildu, etc..) y que viene a dividir, a desunir, a desequilibrar y desarmar a los “otros” pensamientos culturales. Es decir, a cargarse la base de una democracia que es el respeto al diferente, al opuesto.
Sería un hecho sin parangón que una ILP acoja un proyecto de abolición y no de creación o desarrollo normativo, sería desigualitario y arbitrario imponer una prohibición cultural a un sector de la sociedad. Estaríamos ante el anacronismo de que un parlamento acoja un proyecto que pretende limitar derechos y no desarrollarlos, y que utilice las autonomías para debilitar una expresión cultural común y no para fomentarla.
Dado que la base constitucional de protección de las expresiones culturales, entre ellas la tauromaquia, está bien sustentada e interpretada por el T. Constitucional, solo le queda al mundo animalista acudir a la división, a la desmembración del toro a favor de comunidades autónomas para su exclusiva gestión, que aquí se traduce en prohibición, que es en definitiva el planteamiento de la ILP.
Tan solo les queda a los grupos animalistas abanderar la ética, la conciencia social y la recogida de firmas, curiosamente así lo defienden los partidos políticos afines, que curiosamente no dejan de ser residuales en las últimas elecciones (Sumar perdió una cuarta parte de su electorado, ERC -perdió cuatrocientos mil votos- Compromís -perdió siete mil votos-, Unidas Podemos literalmente se desplomó en el 2023, o PACMA (el partido político animalista) que fue incapaz de obtener ni un escaño en el 23-J y que perdió sesenta mil votos).
Decía el Sr. Urtasun al hilo de la presentación de firmas de la ILP que “hoy es un gran día”, y que este proyecto es "fiel reflejo de las valoraciones y sentimientos de la sociedad". Salvando que el Sr. ministro, no conoce la repercusión social del mundo del toro, el aumento de festejos, de aforos en plazas de toros, de festejos populares y aumento de asistencia de jóvenes a los cosos taurinos, o las grandes audiencias en las retransmisiones televisivas, lo cierto es que catequizan con el que somos la voz de una sociedad más ética y mayoritariamente contraria a esta expresión cultural, y nos preguntamos al hilo de su dogmática proclama ¿por qué prohibirla entonces? ¿No sería más correcto, más legal, más democrático, dejar que muriera por su propio desarraigo social? Lo dicho, “No es mi Cultura” no obedece a un criterio social legítimo, sino al antojo de unos pocos intolerantes que usan el poder para imponer una merma a la convivencia en una sociedad plural. Es el toro si, pero detrás hay una moral contraria al antropocentrismo y dispuesta a imponer una única moral pública.
Lo pretendan o no los grupos animalistas (que sí es la finalidad), con la tramitación de la ILP, la supuesta concienciación social pasa a estar en manos del manoseo político, ¿se imaginan que el cine pásese un trámite parlamentario para su abolición como expresión cultural del estado o que cualquier comunidad autónoma pudiese prohibirlo?
