El informe de la Guardia Civil que confirma que el caudal de la Acequia de Arabuleila está contaminado por las aguas fecales que proceden del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS) ya ha tenido una primera e inmediata consecuencia. El alcalde de Armilla, Antonio Ayllón (PP), anunció ayer su intención de reunirse de forma inminente con los responsables de la Junta de Andalucía para solucionar definitivamente el problema de la canalización de esas aguas residuales.

Aunque aún no se ha fijado una fecha para el encuentro, la intención del Ayuntamiento de Armilla es que sea lo antes posible, dado el riesgo potencial que, según la Guardia Civil, entrañaría el consumo del agua de la acequia o su uso para el riego de cultivos.

"Estamos ya en marcha para solucionar el problema. Hay un proyecto prácticamente terminado, que está estudiado por la empresa de saneamiento y abastecimiento, y estamos pendientes sólo de tener una reunión con la delegada del Gobierno", subrayó a los periodistas el primer edil, que precisamente ayer acudió al PTS, a la sede de su fundación, para firmar un convenio de colaboración entre la institución y la Feria de Muestras.

Ayllón, que aseguró con vehemencia que "todas las partes" están tratando de buscar una salida al problema lo antes posible, quiso dejar claro que ninguna de las personas que participaba en el acto de ayer ha sido responsable de los supuestos vertidos. "El responsable todos sabemos quién es y creo que el juez lo lleva bien orientado", agregó.

El primer edil insistió en que "hace ya varios meses que el Ayuntamiento de Armilla está trabajando junto con los responsables de la Fundación PTS y la Agencia IDEA para hacer que esto se acabe". Incluso, según apuntó, "estaba todo preparado para empezar las obras en el pasado mes de agosto", pero quedan unos pequeños flecos por cortar que se tratarán en la reunión prevista.

Este asunto tiene dos vertientes. Por un lado, la jurídica: la causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción 4 de la capital a raíz de la denuncia formulada por la supuesta desaparición de la subvención que estaba destinada a las obras de saneamiento en el PTS, cuya no realización habría provocado el actual problema. Dicha denuncia la formuló el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Armilla y ya ha conllevado la citación como imputado del anterior alcalde socialista, Gerardo Sánchez.

El instructor de la causa penal en la que se investigan los supuestos vertidos, además de otros posibles delitos, es el juez Antonio Moreno, que este lunes, nada más conocer el contenido del informe, lo remitió inmediatamente tanto al consistorio armillero como a la Junta de Andalucía -a las delegaciones de Medio Ambiente y Salud- "a los efectos de prevención de la salud pública".

Por otro lado, está la vertiente política, en la que Ayllón garantiza que están volcados todos los cargos públicos y los representantes de las instituciones y administraciones implicados para lograr una solución "cuanto antes".

El regidor, que afirmó haber tenido conocimiento de la providencia del juez Moreno a través de este diario, recordó que en el caso ya se había dictado un primer informe de la Guardia Civil -ampliado en el segundo- tras el que el Ayuntamiento se puso en contacto enseguida con la Delegación de Salud para adoptar las medidas pertinentes. Ahora, según añadió, "actuaremos en consecuencia".

En el acto de ayer también se encontraba el gerente del PTS, Jesús Quero, quien confirmó que hay una serie de obras previstas para resolver "definitivamente" el problema de las aguas residuales del plan parcial del complejo. Pero para resolver el problema "puntual" que plantea el juez en su providencia, haría falta, como explicó, una obra cuyo coste no iría más allá de 60.000 o 70.000 euros. "Y yo creo que esa actuación sí estamos en condiciones de acometerla de manera inmediata".

La actuación que atajaría la contaminación del agua de la Acequia de Arabuleila consistiría en conectar todas las obras de saneamiento que ya se han hecho con el colector de aguas residuales del municipio de Granada. "Para esta obra tendremos que tener una reunión, porque yo quería haberla ejecutado hace varios meses, pero se me indicó que al ser un tema que estaba en vía judicial más valía no meter más manos en el problema. Pero desde luego, por 60.000 o 70.000 euros en un parque que ha costado urbanizarlo más de 20 millones, no merecen la pena los ríos de tinta que está generando esta situación", agregó Quero.