La organización Asaja se ha mostrado este lunes en contra de la declaración de la Sierra de La Sagra, ubicada al norte de la provincia de Granada, como Parque Natural por parte de la Junta de Andalucía dado que esta figura de protección implicaría una limitación de uso de la actividad agroganadera.

Esto se produce después de que la Junta haya abierto el plazo para la consulta pública del proyecto de decreto por el que se pretende aprobar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de La Sagra, inicio de la tramitación de su declaración como Parque Natural.

Según Asaja, esta declaración, que englobaría a unas 46.000 hectáreas localizadas en los términos municipales de Huéscar y La Puebla de Don Fadrique, no cuenta por tanto con el "consenso social" necesario.

Dicho territorio es Zona Especial de Conservación (ZEC) desde el 2015 y forma parte de la Red Natura 2000, por lo que Asaja cree que el nivel de protección "ya es suficientemente alto".

La motivación de esta declaración es, de acuerdo a la Junta, establecer una regulación que reduzca las presiones y amenazas de la zona cada vez más en boga por montañistas y turismo de montaña, lo que "choca frontalmente" según Asaja con la postura de los ayuntamientos que pretenden crear una marca que sea revulsivo para el desarrollo agroalimentario y turístico.

La organización ha dicho que la Junta apenas ha dejado quince días hábiles, que concluyen este 18 de noviembre, para que se pronuncien los propietarios y agentes sociales del territorio afectado -a través de un buzón de correo electrónico- sobre los objetivos de la norma.

Son ellos, ha continuado, con los que "para nada se ha contado" a pesar de ocupar la propiedad privada un 75 %. y quienes más dificultades podrán encontrar para el ejercicio de su actividad agroganadera y mantenimiento del modo de vida rural si finalmente se aprueba la declaración.

"Los agricultores y ganaderos que ejercen su actividad dentro de los parques naturales no están precisamente contentos con la gestión de la administración autonómica de estos espacios, porque las restricciones impuestas para ejercer su actividad suponen una completa expropiación de uso sin la compensación socioeconómica adecuada", ha señalado Asaja.

Además ha indicado que, para limitar la presión que el turismo de montaña sobre la zona, pueden establecerse otros medios menos restrictivos que la limitación de uso a los agricultores y ganaderos para ejercer su actividad en el medio rural.