Esta es una de las principales conclusiones a la que se ha llegado en estas jornadas, que han sido clausuradas por la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien ha señalado que la transformación del sector exige un compromiso de todos los agentes implicados, tanto de los profesionales, como de quienes tienen encomendadas las funciones de servicio público a la ciudadanía.

Los presidentes de Audiencias Provinciales han indicado que comparten la aspiración de una Justicia "más moderna, capaz de dar respuesta a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia".

Por ello, han valorado los esfuerzos e inversiones dirigidos a modernizar tecnológicamente la administración de Justicia, tanto para facilitar la comunicación por medios electrónicos como para la implantación del expediente judicial electrónico.

Conscientes de las ventajas que supone la implantación y funcionamiento del expediente judicial electrónico, han apostillado no obstante que se han de aunar esfuerzos para establecer una "interoperabilidad plena".

En este sentido, han advertido de que el diseño del expediente judicial electrónico y de los sistemas de gestión procesal no contemplan todas las necesidades específicas de los jueces y magistrados, pues parecen diseñados pensando más en la actividad y funciones propias de la oficina judicial que en las especificidades de la función estrictamente jurisdiccional.

En cuanto a la litigiosidad en masa, han señalado la necesidad de que se establezca la posibilidad de adscripción temporal, total o parcial, de magistrados a otras secciones, cuando sea imprescindible, por criterios de eficacia, bien por sobrecarga de una sección o por la celebración de juicios complejos.

"Es urgente que el legislador, a la vista de la normativa europea de protección de los consumidores y de la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aborde una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para adaptar nuestro derecho procesal a los principios comunitarios de equivalencia y efectividad", han indicado.

Por su parte, Llop ha explicado que la transformación que está viviendo la Justicia se está llevando a cabo como política de Estado, en cogobernanza con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con competencias en esta materia.

El objetivo, ha dicho la ministra, es dotarse de un servicio público de Justicia "accesible, eficaz, sostenible e igualitario", que actúe como verdadero motor de cohesión social y territorial.

Para ello, ha explicado que su departamento trabaja en el plan Justicia 2030, un proyecto que se asienta en ejes como el acceso a la Justicia y la consolidación de garantías y derechos.

También se busca promover la eficiencia operativa del servicio público a través de la plena implantación de la oficina judicial, la creación de los Tribunales de Instancia; y la transformación digital para incrementar la cohesión y la coordinación territorial.

La ministra ha destacado que esta transformación del modelo de Justicia va a ser impulsado con los 410 millones de euros provenientes de los Fondos europeos Next Generation.