El alcalde de Órgiva, Raúl Orellana (PP), ha presentado una denuncia por el supuesto uso irregular de fondos del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en esta localidad granadina desde 2015, cuyas facturas no corresponderían con obras ejecutadas en dependencias municipales.

El regidor, que ha atendido este lunes a los medios a las puertas de la Fiscalía Superior de Andalucía tras formalizar la denuncia ante el cuartel de la Guardia Civil de la localidad de la Alpujarra granadina, ha explicado que estas acciones se han iniciado tras detectar facturas sobre obras del PFEA por valor de 132.800 euros.

Orellana ha advertido de que se podría haber gastado dinero público en obras que no se han llevado a cabo en ninguna dependencia municipal, por lo que ha instado tanto a la Guardia Civil como a la Fiscalía a que investigue donde están esos fondos.

El alcalde, que ya expuso esta situación en el último pleno municipal, la ha relacionado con la reciente renuncia de su predecesora, María Ángeles Blanco, al cargo de diputada de Asistencia a Municipios y a su acta en la Diputación de Granada.

"Presentó la dimisión en la Diputación, no sabemos si a raíz de esto o de otras consecuencias, pero entendemos que si ha llegado a oídos de Diputación le han enseñado el camino de salida para que no salpique", ha dicho el alcalde.

En la denuncia, el regidor junto a miembros de la Junta de Gobierno Local exponen que han tenido conocimiento de que presuntamente numerosos materiales de obra, maquinaria e instalaciones no han sido utilizados, instalados o no están en dependencias municipales.

Ante los indicios de que en la obra correspondiente a la Casa de la Juventud y obras del PFEA 2015, vivero de empresas, no se habían realizado las instalaciones ni se habían empleado parte de los materiales que constaban en la contabilidad municipal, se solicitó al arquitecto técnico municipal que emitiera informe respecto de las obras y los albaranes y facturas.

Se refieren a facturas que "difícilmente" podrían tener, a su juicio, encaje en la obra ejecutada, con albaranes de recepción de los materiales firmados por personas "ajenas" al Ayuntamiento, lo que llevaría a la conclusión inicial respecto a que no se trataba de una obra municipal.