Provincia

El Ayuntamiento sigue sin pagar a la empresa de Ayuda a Domicilio

  • Los trabajadores del servicio llevan en huelga desde el pasado dos de diciembre por el impago de sus nóminas

Aunque el Ayuntamiento de Almuñécar aprobó en su última Junta de Gobierno Local hacer efectivos los pagos pendientes a la empresa Adhara, concesionaria del servicio de Ayuda a Domicilio, la entrega de las cantidades no se ha hecho efectiva en su totalidad. Durante una manifestación realizada el pasado martes, los trabajadores -que se encuentran en huelga desde el día 2 de diciembre- afirmaron que sólo se les pagaron dos de las cuatro nóminas que se les adeudaban.

El portavoz municipal de IU, Fermín Tejero, criticó la actitud del alcalde, Juan Carlos Benavides, en el conflicto, pues "a pesar de haberse aprobado pagar a la empresa las facturas pendientes desde agosto, el Ayuntamiento sigue sin hacer efectivo el pago". Según manifestó, el acuerdo de pagar a la empresa se tomó el 23 de diciembre y "se han dejado pasar unos días preciosos", pues "mientras tanto, los mayores del municipio siguen sin ser atendidos".

Las facturas de Adhara que el Consistorio acordó pagar, correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, suman un importe total de 165.280 euros. Según Tejero, "como muestra de pasotismo o de chulería, ni el alcalde ni la concejala responsable del área, María Dolores Rull, asistieron a esta Junta de Gobierno Local". Y añadió que el primer edil "estaba otra vez de vacaciones en Marruecos".

Según el portavoz de IU, la aprobación de una sola vez de las facturas de varios meses "demuestra la falsedad de las palabras del alcalde cuando decía que no se podían pagar facturas antes de que pasaran cuatro o cinco meses". En este sentido, cree que "la presión de los trabajadores ha sido efectiva, y lo único que cabe esperar es que el pago se haga de forma inmediata para acabar con la huelga y restablecer el servicio".

Por último, Fermín Tejero criticó la "dejadez" de la Junta de Andalucía en este asunto, "por permitir lo que, sin duda alguna, se puede calificar como malversación de caudales públicos, ya que se ha estado reteniendo un dinero que no venía al Ayuntamiento para lo que el alcalde quisiera, sino para pagar justamente ese servicio y no otro".

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