La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada ha llevado a cabo este jueves una protesta en el hospital de Alta Resolución de Guadix, perteneciente a las agencias públicas sanitarias, con el objetivo de denunciar la “insoportable lentitud” del proceso de integración de estos centros en el SAS. Esta situación afecta a cerca de 10.000 profesionales en toda Andalucía, alrededor de 480 en las agencias de Guadix y Loja en la provincia de Granada que, como consecuencia de ello, “están sometidos a una gran incertidumbre y sensación de desamparo totalmente innecesaria”.

Las concentraciones de CSIF Sanidad han tenido lugar de forma simultánea en seis hospitales de Andalucía dentro de la campaña que ha lanzado este jueves CSIF Sanidad Andalucía y que tiene como protagonista la imagen de un caracol para ilustrar el citado retraso en el mencionado proceso de integración. Con dicha iniciativa de acción sindical se quiere subrayar “la preocupación y frustración de los trabajadores y trabajadoras de estos centros hospitalarios públicos ante esta demora injustificada”.

La responsable de Sanidad de CSIF Granada, Matilde Núñez, ha criticado que no se producen avances en este proceso desde mediados de 2022, cuando tuvieron lugar varias mesas técnicas para dar forma al proyecto de orden de estatutarización del personal de las agencias. Denuncia que “los plazos previstos se han visto incumplidos reiteradamente, lo que ha llevado a un caos administrativo provocado tanto por la falta de un mapa sanitario debidamente definido, como por la indefinición en la estructura jerárquica”, argumenta la responsable sindical.

Además, CSIF aún está a la espera de recibir un documento de aclaración de dudas sobre la estatutarización, cuyo compromiso de elaboración arrancó a la Administración, así como del informe individualizado de las condiciones, tanto laborales como económicas en las que los profesionales quedarían. Ambos documentos recogerían una información esencial.

La Central Sindical reclama la “integración ya” de las agencias públicas sanitarias en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que ésta se produzca de la mejor manera posible para los intereses del conjunto de los profesionales y siempre con seguridad jurídica para que los derechos de todo el personal de la sanidad queden garantizados.