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La Cámara de Cuentas revela la "situación límite" de Lanjarón

  • Un informe alerta de la falta de solvencia y transparencia del Ayuntamiento

  • La deuda por habitante asciende a 1.284 euros

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha publicado un Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Lanjarón, en el que señala las carencias en la planificación de la actividad municipal, la falta de orden y transparencia conforme sujeta al ordenamiento jurídico y cuantifica la deuda en 4.771.280,84 euros, sin sumar la deuda a proveedores "ya que el ayuntamiento no presentó los informes de deuda comercial". Así lo denunció ayer el PSOE de la localidad.

Por tanto, según la información de los socialistas, el importe de las deudas del Ayuntamiento de Lanjarón, sin contar las facturas pendientes a proveedores, alcanza los 1.284 euros por habitante. El mismo informe indica la falta de transparencia y los incumplimientos de la legislación, alertando de que "el Ayuntamiento no informa al ministerio de la regla de gasto y del límite de endeudamiento e incumple el objetivo de deuda".

Además, "la Corporación no refleja contablemente gastos sin consignación presupuestaria por 323.950,99 euros, correspondientes a facturas pendientes de pago del ejercicio 2015 que se han imputado al ejercicio 2016"

En cuanto a los Planes de Ajuste a los que se acogió la actual corporación por 2.232.490,49 euros, destaca que el consistorio "no ha facilitado el informe de intervención de seguimiento del Plan de Ajuste de por el que se crea el fondo de financiación de los pagos a proveedores" y amplía esta información subyarando que "ninguna de las medidas aprobadas en los planes de ajuste se ha llevado a cabo".

Además, tipifica como "muy grave" que "la no presentación o la falta de puesta en marcha en plazo del plan económico-financiero o del plan de reequilibrio". Es decir, que califica como infracción muy grave no haber aprobado los planes económicos que debían haberse presentado en el año 2016.

El Informe concluye que estos incumplimientos podrían "desencadenar medidas preventivas, correctivas y coercitivas y en última instancia la retención de los recursos del sistema de financiación para el pago directo al proveedor por parte del Ministerio de Hacienda".

La Cámara de Cuentas también ha detectado que "los ingresos corrientes y los gastos financieros de la información presentada al Ministerio de Hacienda y Función Pública no coinciden con los que se desprenden de la liquidación del presupuesto aprobado".

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