El municipio de Cáñar cuenta a partir de ahora con una nueva herramienta para luchar contra la violencia de género tras la creación de la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género, en cuya primera reunión ha estado presente la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro y el alcalde del municipio, Manuel Álvarez.

Además de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno y diversas áreas del propio Ayuntamiento, forman parte de esta comisión la Guardia Civil, personal facultativo del centro de salud de la localidad, la persona coordinadora del Plan de Igualdad del centro educativo y personal designado al efecto con competencias judiciales en el municipio.

El objetivo de dicha comisión es trabajar por un municipio libre de violencia de género donde predominen formas de convivencia plurales y solidarias, así como actuar y dar respuesta rápida, coordinada y eficaz a los casos que se produzcan. Se considera prioritario, por tanto, impulsar políticas integrales que contemplen la prevención, detección, y erradicación de la violencia de género en el municipio.

Entre sus funciones más importantes se encuentran la de analizar y valorar de una manera global la situación de violencia contra las mujeres del municipio, propuesta de medidas coordinadas que contribuyan a la sensibilización, prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, evaluación de las actuaciones desarrolladas y seguimiento y propuesta de nuevas medidas para la atención a las víctimas de malos tratos en Cáñar.

La subdelegada del Gobierno ha agradecido al municipio de Cáñar su implicación en la adopción de medidas “que redundan tanto en la protección como en la atención de las víctimas de esta lacra que nos avergüenza como sociedad y sobre la que hay que seguir trabajando sin descanso” y ha recordado que “la violencia no es un problema que afecte al ámbito privado, sino que, por el contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una desigualdad con destinatarias, consideradas por sus agresores como carentes de derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”. Por ello, ha subdelegada ha vuelto a reiterar “la necesidad de que haya una coordinación entre administraciones y personal implicado para que el trabajo realizado sea más eficaz”