El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha avalado la propuesta de suspender el contrato de gestión indirecta del cementerio de Pinos Puente (Granada) propuesta por el Ayuntamiento, un camposanto junto al que aparecieron ataúdes, al considerar que la UTE incumplió su compromiso de obras y mejoras.

Este órgano consultivo, con sede en Granada, ha emitido un informe en el que respalda la petición del Ayuntamiento de Pinos Puente para suspender el contrato para la gestión indirecta, mediante concesión, del servicio del cementerio municipal.

El pleno de este municipio granadino dictó la concesión del servicio, por lo que es también el encargado de suspenderlo, según el dictamen.

El Ayuntamiento de Pinos Puente propuso suspender esta gestión indirecta por el incumplimiento de la ejecución del plan de mejoras e inversiones, cuyo plazo quedó fijado en el contrato que suscribió con la concesionaria en agosto de 2013.

Ese contrato estipulaba que, en el plazo de los tres primeros años de explotación de la concesión, la UTE contratada debía realizar obras y un plan de inversiones en el camposanto.

El diciembre de 2020, el Ayuntamiento de Pinos Puente abrió un expediente después de que aparecieran varios ataúdes vacíos y antiguos tirados en las inmediaciones del cementerio, junto a una zona de recreo infantil.

Pese a las deficiencias en el servicio apuntadas por el Ayuntamiento, la concesionaria se ha opuesto a la resolución del contrato al considerar que nunca presentó un anteproyecto de obras y que, por tanto, no aceptó ni un plan de mejoras, ni plazos, ni inversión alguna.

Sin embargo, un informe técnico-financiero vinculado a la modificación de las tarifas del servicio de cementerio de Pinos Puente, encargado en diciembre de 2012, apunta que ese cambio era la premisa para que la empresa realizara obras de consolidación de las tapias del cementerio viejo, la urbanización del Patio San Faustino y la acometida de electricidad al cementerio nuevo, entre otras.

Según el dictamen del Consultivo, ha existido un "incumplimiento grave" que permite acabar con el contrato a treinta años.

Además, y como se agotó la partida de garantía con la que indemnizar al Ayuntamiento, el Consultivo ha dictaminado que procede iniciar un procedimiento contradictorio para fijar el importe de los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento para fijar la indemnización que le deberá pagar la concesionaria.