La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha cerrado la queja de oficio que abrió para investigar las medidas de protección del patrimonio cultural tras los movimientos sísmicos en el entorno de la ciudad de Granada y en municipios singulares como Santa Fe, comprendidos en la denominada falla de la Vega, a principios de 2021.

En el resumen del resultado con el que cierra la queja de oficio, el Defensor enumera las respuestas de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta en Granada y del Ayuntamiento de Santa Fe en relación con sus recomendaciones para la implementación de medidas de protección.

"Sin perjuicio de la anunciada voluntad de abordar la confección de un conjunto de actuaciones específicas de protección del conjunto monumental y caserío afectado, nos ratificamos en el criterio manifestado desde el Defensor del Pueblo Andaluz de que se desplieguen las labores concretas de impulso para la ejecución de las medidas acordadas por las autoridades, de ámbito municipal y autonómico, en orden a la efectiva protección del patrimonio afectado", han informado desde la Oficina del Defensor.

El Defensor ha tenido conocimiento de la elaboración del Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo Sísmico anunciado por el Ayuntamiento de Santa Fe. Igualmente, señala que "se han dispuesto las medidas organizativas para atender los proyectos de intervención en el caserío afectado en el entorno del conjunto histórico, al igual que se disponen acciones de ayuda para intervenir en la Casa Consistorial y en el Mercado Municipal ante los daños sufridos".

También destaca la "reciente aprobación inicial de la Innovación al Planeamiento y Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico" de este municipio del área metropolitana de Granada.

Por su parte, la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta en Granada también expresa, según el Defensor, "una aceptación de las resoluciones dirigidas a la vista de sus competencias".

"Hemos de reseñar de inmediato que las medidas de protección y tutela que se han analizado y que se incluyen en las resoluciones dictadas implican a una pluralidad de instancias y administraciones; ya sea el Ayuntamiento de Santa Fe, los servicios de protección civil, o la propia intervención de la Delegación para disponer servicios de autorización de los proyectos de reparación o conservación anunciados en los inmuebles afectados por los daños sísmicos", ha agregado.

En el texto de queja, Maeztu aludió a que los terremotos con los que se reanudó la actividad de una serie sísmica que afectó a esta zona del cinturón de Granada provocaron, ante todo, "la comprensible preocupación de la ciudadanía por la propia seguridad y la de sus familias".

Al respecto, subraya que habían permanecido "atentos a las respuestas de las autoridades de protección civil, seguridad ciudadana y responsables de infraestructuras y servicios estratégicos, como también sobre los desperfectos en el caserío y los inmuebles de estas zonas". Y añadía que deseaban "prestar también atención al impacto que estos sucesos sísmicos han provocado sobre el estado de conservación y protección del patrimonio histórico de la zona".