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Diputación pide aclarar quién paga los servicios de tratamiento de residuos

  • Una sentencia avala el actual sistema pero obliga al ente a hacerse cargo de este en pueblos pequeños

Rueda de prensa ofrecida ayer en Diputación. Rueda de prensa ofrecida ayer en Diputación.

Rueda de prensa ofrecida ayer en Diputación. / DIPGRA

La Diputación pidió ayer a los tribunales que unifiquen criterios sobre el sistema de tratamiento de residuos. Una anomalía que achacó al sistema "ilegal" que impuso el anterior gobierno del PP.

La diputada del área de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente, María Ángeles Blanco, hizo pública una resolución judicial que establece que Reglamento del Tratamiento de Residuos es válido y ajustado a derecho, pero obliga a la institución provincial a hacerse cargo de este servicio en los municipios menores de 5.000 habitantes. Esta sentencia, apuntó Blanco, "es contradictoria con otras resoluciones del mismo tribunal, y en concreto, con la que declaró ilegal y anuló la tasa que el anterior gobierno del PP impuso a los ciudadanos para financiar el coste del servicio". Por todo ello, los servicios jurídicos de la Diputación solicitaron ayer una aclaración de sentencia.

"Consideramos esencial un pronunciamiento del alto tribunal andaluz para que, en todo caso, unifique criterios sobre el sostenimiento del servicio, de forma que todos los ciudadanos tengan un mismo trato por respeto al principio de capacidad económica e igualdad fiscal", manifestó.

La diputada recordó que la situación actual tiene su origen en la decisión errónea y malintencionada del anterior gobierno del PP que, primero disolvió el Consorcio Provincial para el Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RESUR), que formaban la Diputación y los municipios de la provincia, para implantar después un sistema, declarado ilegal por los tribunales, que incrementaba el coste del servicio y obligaba a los ciudadanos de la provincia a pagar una tasa anulada por resolución judicial.

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